Por: Aracelys Otero Torres / Relacionista 53
El servicio de energía eléctrica y el de agua potable son esenciales para la vida de cada puertorriqueño. Son cientas las familias que tienen algún familiar que su diario vivir depende de estos servicios. Sin embargo, en los últimos años el país es testigo de la fragilidad de ambos sistemas. Mientras, la postura del gobierno con relación a la implementación de medidas rigurosas para fortalecerlos es leniente, poco punitiva y cada día cobra vidas.
Aunque reconozco que el paso de los huracanes Irma y María tuvieron un impacto nefasto en la infraestructura de ambos sistemas, la realidad es que posterior a esto las acciones por parte del gobierno central son mínimas. La que más notoriedad toma es el anuncio de millones de dólares para futuras reparaciones de los sistemas. A pesar de esto, son pocos los trabajos observados o anunciados como iniciados o completados.
Una conversación breve con los alcaldes es suficiente para constatar que los problemas persisten y que las soluciones cada día se alejan más de la realidad a corto plazo. Son los ejecutivos municipales quienes reclaman a viva voz que se atiendan los problemas con el servicio de luz y de agua. El problema es de tal magnitud que la alcaldesa de Morovis demandó a Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a nivel federal para que resuelvan el problema del agua. Durante años los residentes de Morovis carecen del servicio de agua sin embargo, reciben el cobro mensualmente, lo que además de ser una ironía es una falta de respeto.
Soy testigo de personas con enfermedades que dependen de estar conectadas a alguno de los servicios para vivir. Son ellos quienes sufren las consecuencias de un gobierno insensible, que carece de soluciones. Es lamentable que un país como el nuestro, adelantado en recursos y en tecnología sufra las consecuencia del mal manejo de los fondos y recursos por parte del gobierno. Una vez más le recuerdo a los líderes del país que son ellos los responsables en dotar a los ciudadanos con mejores recursos.
Decir que estamos atentos a los resultados de los informes de Luma, reconocer la inexistencia de un plan de supervisión para los contratos gubernamentales y repartir la culpa a otros sobre la ineficiencia tanto de Luma como de la AAA es una falta de respeto para los millones de personas que pagan para recibir un servicio que se supone sea de calidad. Empero, el gobierno se encarga cada vez de aumentar los costos del servicio por razones inexplicables y sin evidencia de que los aumentos en efecto contribuyen a mejorar los sistemas.
Cada ser humano tiene el legítimo derecho de vivir una vida digna. Le corresponde al gobierno identificar las herramientas que promuevan esa realidad. Las miles de familias que sus vidas dependen de la eficacia de ambos sistemas merecen tener el garante de que van a vivir un día más. El único responsable en garantizar eso es el gobierno. Puerto Rico necesita esperanza y la certeza de que el gobierno trabaja por y para ellos.