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Los derechos de los puertorriqueños han sido atropellados desde la invasión estadounidense, pero en los últimos seis años del atropello jurídico en Puerto Rico el Tribunal Supremo de Estados Unidos (EE. UU.) reafirma la relación supremacista anglosajona que los Estados Unidos ejercerse e impone sobre Puerto Rico.
En los últimos 6 años el Tribunal Supremo de EE.UU (SCOTUS por sus cifras en Ingles) ha decidido varios pleitos relacionados a Puerto Rico. En United States v. Vaello Madero del 2022, SCOTUS decidió que el Congreso estadounidense puede crear leyes y condiciones desiguales entre Puerto Rico y los estados. En otras palabras, que la constitución norteamericana permite imponer leyes y condiciones discriminatorias entre los residentes de Puerto Rico mientras estos vivan en Puerto Rico. En Puerto Rico v. Sanches Valle del 2016, SCOTUS opino que EE.UU. mantiene un poder político absoluto sobre Puerto Rico ya que este es un territorio que le pertenece a los estadounidenses y no a los puertorriqueños; ya que los puertorriqueños sólo son delegados administradores de Puerto Rico. En Puerto Rico v. Franklin California Tax Free Trust del 2016, SCOTUS invalidó las leyes de bancarrota puertorriqueña porque dicha delegación de poderes no permite que Puerto Rico apruebe leyes si estas contradicen directa o indirectamente las leyes anglosajonas federales. En el caso de la junta titulado Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Aurelius Investment del 2020, SCOTUS afirmó que la constitución norteamericana permite crear un gobierno paralelo en Puerto Rico y hasta asignar sus propios administradores territoriales.
Las recientes opiniones de interpretación constitucional norteamericana eran de esperarse. En Downes v. Bidwell del 1901, SCOTUS resolvió que mientras los habitantes de tierras lejanas difieran de los “principios anglosajones” por medios de sus “razas, método de pensamientos, religiones, tradiciones, principios tributarios” y la “administración de gobiernos y justicia” las doctrinas constitucionales estadounidenses no necesariamente se les aplicará a estos. Y esta premisa jurídica es lo que los estadounidenses han utilizado para justificar su presencia política en Puerto Rico definiendo la política, economía, sociedad y cultura de los puertorriqueños.
Pero ningún puertorriqueño tiene que asimilarse a los “principios anglosajones” de raza, cultura, religión, métodos de pensamientos y manera de gobierno y justicia anglosajones para este le extienda una igualdad constitucional. En cambio, lo que los puertorriqueños deben reconocer y adoptar es su poder jurídico sobre todo el territorio nacional de Puerto Rico que se extiende desde La Isla de Mona hasta Culebra, las aguas interiores suprayacentes y subsuelo y sus mares territoriales, su espacio aéreo, su medio ambiente y recursos naturales y su derecho de crear, mantener y proteger una zona económica exclusiva para Puerto Rico. Y al aceptar este principio nacional puertorriqueño traerá la igualdad y el respeto nacional que disfrutan los países libres y soberanos.
Pero este reconocimiento requiere la urgente participación de todos los puertorriqueños para así erradicar la imposición estadounidense en Puerto Rico en todas sus formas y manifestaciones. Si por más de 120 años los EE.UU han abismalmente discriminado en contra de los principios nacionales de los puertorriqueños, entonces cada puertorriqueño debe estar en contra de dicha discriminación.