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El Senado de Puerto Rico aprobó un paquete de medidas legislativas que tienen como fin hacer justicia a los trabajadores sociales en Puerto Rico. Los proyectos ordenan establecer la Carta de derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social en la isla, crear la Ley para Reconocer la Profesión del Trabajo Social como un Servicio Esencial en Situaciones de Emergencia así como la creación de una ley para establecer el salario base de estos profesionales. El anuncio lo realizó la senadora del Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa quien estuvo acompañada del presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), Larry Emil Alicea Rodríguez.
“El paquete de medidas radicado pretende hacer justicia salarial, otorgarles mayores derechos como gremio y reconocer el trabajo que realizan los profesionales del trabajo social como parte de su función en servir al país. Como senadora y como trabajadora social, reconozco la necesidad imperante de que se haga justicia salarial y se reconozca de forma legítima al Colegio de Profesionales del Trabajo Social en aras de que exijan el cumplimiento con las leyes que les cobijan”, anunció Rosa. “De igual forma, reconozco y me consta la labor que realizan estos profesionales quienes atienden, en muchas instancias, situaciones relacionadas con la salud mental de las personas. La labor que realizan estos profesionales se acentúa en momentos de emergencia como los vividos tras el paso de los huracanes Irma y María, la pandemia y los terremotos, por ello la necesidad de declararles empleados esenciales en medio de las emergencias”
El CPTSPR representa a más de 7,000 profesionales que se desempeñan tanto en el sector público como en el privado. A esto se suman las nuevas licencias que anualmente otorga la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social. Se estima que el 67% de estos profesionales se desempeñan en el sector gubernamental, mientras que un 33% se desempeña en diversos ámbitos del sector privado. De estos, un 62% cuenta con grado de bachillerato y 38% con maestría o doctorado, según datos del CPTSPR. Otros datos reflejan que el 88% de la matrícula de la profesión son mujeres, lo que caracteriza a la profesión con un perfil feminizado.
Mientras Investigaciones realizadas por el CPTSPR durante los pasados 10 años demuestran la precariedad salarial de los y las profesionales del trabajo social. En un estudio realizado en el 2014 sobre condiciones laborales en la Región de América Latina y el Caribe, el 70% de la muestra de Puerto Rico informó que su salario era $2,499 o menos independientemente de su grado académico.
Según el informe de Estadísticas de Empleo y Salarios por Ocupación de Puerto Rico 2020, la mediana de salario mensual para todas las ocupaciones de Trabajo Social en el país es de $2,484. Mientras otras categorías reflejaron que el salario mensual oscila entre $2,754 y $2,078. Cuando comparamos los datos con EEUU la mediana de salario mensual en trabajo social es de $4,199.
Por su parte, el presidente del CTPPR, Larry Emil Alicea, sostuvo: “Estos proyectos marcan un hito porque atiende dos reclamos históricos: justicia salarial y derechos laborales. Siempre hemos expresado desde el Colegio que el salario es una parte, pero no es suficiente. Es imperante el salario en una sociedad que cada día precariza más la vida de la clase trabajadora de la que formamos parte como profesión. Pero de igual forma, son necesarios espacios de trabajo seguros, cargas de trabajo adecuadas, líneas de autoridad definidas y supervisión por profesional de trabajo social cualificado. Este es el momento de mover estos temas y esperamos que la Asamblea Legislativa esté consciente que la consideración de estos proyectos es urgente por la debacle que está ocurriendo en la prestación de servicios sociales precisamente por la precarización laboral y falta de recursos para que esos servicios puedan prestarse con calidad. Nuestros derechos fortalecidos, sin duda, fortalecerán los derechos de la ciudadanía”.
La senadora Rosa resaltó que las medidas radicadas buscan hacer justicia a los reclamos de los profesionales del trabajo social para que se reconozca la labor clave que realizan en beneficio del país. Espera que una vez evaluadas, sean aprobadas y eventualmente convertidas en ley.