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Por: Dr. Howard Caro López
Esta semana hubo una manifestación masiva de maestros del sistema público frente al Capitolio para exigir justicia salarial y denunciar las condiciones paupérrimas en el sistema de educación pública a través de Puerto Rico. Ya sobrecargados con los retos de proveer enseñanza durante la pandemia, la gota que colmó el vaso fue la decisión de la Junta de Control Fiscal (JCF) de autorizar un aumento mínimo en el salario mensual de los maestros y recortes en la pensión de retiro- medidas que el gobierno de Pedro Pierluisi no ha retado a juicio de los maestros.
Aquellos que son maestros o están involucrados en el tema de la educación ya saben que los reclamos de los maestros no son fenómeno nuevo, sino un problema persistente por décadas. El salario de la mayoría de los maestros no alcanzaba ni $2,000 mensuales y el aumento aprobado por la Legislatura y JCF apenas pasa de esa cifra. La pensión por debajo de $2,000 mensuales- se reducirá aún más con el recién aprobado Plan de Ajuste de la Deuda. Hay quienes dirán que esa compensación basta, ya que es un ingreso por encima del salario mínimo, pero esa posición no toma en cuenta el costo de vida actual. Según las mismas estadísticas recopiladas por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en el 2021 el índice de precios de alimentos está entre los primeros 13 de todas las áreas metropolitanas de los Estados Unidos (EEUU), mientras que el de los servicios públicos (agua, luz, etc.) es el 4to más alto de todas las jurisdicciones de los EEUU. Ante esta realidad económica el panorama se ve complicado para los maestros con el salario que actualmente ganan.
Hay varios factores concretos detrás de la crisis en el sistema educativo y la movilización del magisterio, incluyendo décadas de políticas fallidas y múltiples esquemas de corrupción (véase los casos de los ex-Secretarios de Educación Victor Fajardo y Julia Keleher a manera de ejemplo). El impacto de María y los terremotos en el área suroeste de Puerto Rico a la infraestructura de las escuelas públicas también, junto con las políticas de austeridad de la JCF han exacerbado la situación económica de los maestros. Esas realidades han producido la coyuntura actual, en donde nuestros educadores se ven obligados a llevar a cabo una de las obras más esenciales para cualquier sociedad por un sueldo que apenas cubre sus necesidades más básicas.
Lamentablemente, el conflicto que se está dando entre el gobierno y los educadores públicos no es particular para Puerto Rico. En grandes partes de los EEUU se ven luchas similares, donde maestros reclaman justicia económica mientras que gobiernos locales resisten aprobar aumentos y/o activamente reducen los fondos para la educación. Vemos un patrón similar en la educación universitaria en donde las instituciones buscan atraer estudiantes mientras que reducen el número de plazas de docencia y la mayoría de las clases las conducen auxiliares. En mi tiempo como profesor universitario no era inusual que instructores auxiliares con maestrías y doctorados me dijeran que reciben asistencia pública, ya que sus sueldos no daban para cubrir sus gastos básicos.
¿Si bien es cierto que vivimos en una economía basada en el conocimiento donde la educación es esencial por qué se desvaloriza tanto el trabajo pedagógico? ¿Será porque más allá de las cosas básicas como la lectura, escritura y matemática, otras materias no se ven como “lucrativas” o económicamente viables en el mercado laboral? O quizás hay quienes les preocupa la idea de que los estudiantes con buenas destrezas de comprensión de lectura y pensamiento crítico sean más aptos a cuestionar la obra del liderato político que toma decisiones sobre el bienestar colectivo? Estas deben ser las cosas que debemos considerar cuando analizamos la situación actual en Puerto Rico.
Cual sea el motivo, las consecuencias de no examinar la explotación y desvalorización del trabajo educativo tendrá consecuencias series para Puerto Rico y otros lugares. La calidad de los maestros bajara, y junto con ello el nivel de aprovechamiento académico. Eso no sólo limitará la capacidad de levantar a Puerto Rico de su situación económica precaria, sino que también representa una amenaza a la capacidad del ciudadano de participar en la vida política y cívica de nuestra sociedad. Si realmente estamos comprometidos a levantar nuestro pueblo, nos urge atender los reclamos de nuestros maestros y poner en alto la educación. Que nuestra política pública no sea una que busca limitar nuestro acceso al conocimiento.