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El portavoz del Comité del Movimiento de Empleados Públicos del Gobierno de Puerto Rico para la Ley 80, Esteban Escribano (empleado de la Autoridad de los Puertos), anunció que hoy lunes, 31 de enero de 2022 a las 12:00 del mediodía en el lado sur de El Capitolio se habrá de celebrar una manifestación para solicitar que se aclaren los acuerdos a los cuales el Gobierno de Puerto Rico llegó con la Junta de Control Fiscal para que se implemente la Ley 80 que cobijan a empleados públicos de la 447 y Ley 1.
“El informe final de la Junta de Supervisión Fiscal impone una fecha límite hasta el día 15 de marzo para que el Gobierno haga su evaluación final, se sometan las enmiendas o de lo contrario, de no atenderse ese reclamo, habría que esperar diez (10) años para corregir cualquier error, con el agravante que quedan congelados todo tipo de beneficios y pensiones. Yo le solicito a mis compañeros del servicio público que “despiertan”, si no participan el día de mañana en la manifestación, si no elevan su voz de reclamo o protesta, el Gobierno nos va a condenar a la indigencia o a la esclavitud laboral al no poder pensionarnos. Siempre he dicho: se nos va la guagua si no razonamos y si el día de mañana no estamos allí perderemos los derechos y el retiro que por tantos años hemos pagado”, señaló Esteban Escribano, portavoz del Comité del Movimiento de Empleados Públicos del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley 80.
Habla la representante de los empleados del Fondo del Seguro del Estado en el comité
“Hacemos un llamado al gobernador Pedro Pierluisi, para que atienda nuestros reclamos y poder llegar a unos acuerdos de manera que se nos explique los alcances de lo aprobado en el Tribunal Federal. Necesitamos saber los detalles de los acuerdos que cobijan a los empleados públicos bajo la ley 80. Sabemos que los empleados con más de 30 años de servicio, los cuales hemos aportado a nuestro sistema de retiro y pagado nuestro seguro social se verán afectados en las pensiones futuras, entendiéndose que bajo los acuerdos anunciados no hay garantías de un retiro justo y digno”, expresó Elizabeth Santiago, empleada de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
En conferencia de Prensa el Comité del Movimiento de Empleados Públicos del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley 80 dio a conocer qué hay cerca de 40 mil empleados que se verán afectados por las decisiones que tomó el Gobernador y su equipo de trabajo ante la Sala de la Juez Laura Taylor Swain, las cuales previamente habían sido recomendadas por la Junta de Supervisión Fiscal. Según el Comité, hay mucha preocupación y confusión por la eliminación de las pensiones definidas a Empleados Públicos; sobre el Sistema de Retribución Uniforme a Empleados Públicos y cómo será la implementación de la Ley 80.
“Queremos transparencia de los procesos llevados a cabo en el Tribunal Federal. No está claro el lenguaje que se usó para redactar los acuerdos llegados con la Junta de Supervisión Fiscal. Conociendo la forma y manera que opera la ucraniana Natalie Jaresko, y “su creatividad” ante los asuntos importantes, deseamos que sea el Gobernador que nos explique ¿Cuáles fueron los acuerdos, cuales son el alcance y sobre todo, que durabilidad y garantías tienen los mismos? Los empleados públicos cobijados por la Ley 447 y Ley 1 están muy preocupados, porque sabemos que somos parte del acuerdo bajo la Ley 80, donde no existen garantías permanentes de un retiro digno. El Gobierno hizo acuerdos y arreglos que perjudican a los empleados, de no ser así, el Gobernador debe aclarar todo lo relacionado a nuestro retiro, el cual no es un regalo, ha sido un beneficio que hemos pagado, hemos aportado los propios servidores públicos y ahora prácticamente se han confiscado parte de esos dineros para enviárselo a los bonistas, algo que no es justo. Es lastimoso, es un insulto a la inteligencia humana el haber tomado acuerdos que “rifan” el dinero que hemos aportado para nuestras pensiones, dinero que no pertenece al Gobierno y sí al servidor público que con su esfuerzo y sudor aportó al Sistema de Retiro”, terminó diciendo Elizabeth Santiago, empleada de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.