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Por: Lcdo Gerardo Cruz Maldonado / Ex comisionado electoral del PPD
El 2022 ofrece una segunda oportunidad al Partido Popular Democrático para demostrar que éramos merecedores de la confianza del electorado para administrar la Asamblea Legislativa.
El gobernador Pedro Pierluisi anunció que se apresta a enviar un nombramiento al Senado para cubrir la vacante creada en el Tribunal Supremo a finales de 2020 ante la salida de la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez. La historia de nombramiento de jueces al más Alto Foro bajo gobiernos compartidos en Puerto Rico no es nada nuevo.
En 1969, bajo el gobierno compartido de Luis A. Ferré, al momento de considerar llenar una vacante de juez presidente, el entonces presidente del senado, Rafael Hernández Colón, no titubeó en fijar su postura públicamente, con un NO rotundo. Para Hernández Colón ese puesto tenía que ser llenado por un juez de pensamiento autonomista y punto.
En el 2008, bajo otro gobierno compartido, Aníbal Acevedo Vilá, tenía tres vacantes a llenar. La primera fue creada ante la sorpresiva muerte de Jaime B. Fuster Berlingeri en el 2007. Luego ocurrieron las vacantes por renuncias del Juez Baltasar Corrada del Río y de Francisco Rebollo López. El liderato del PNP en el Senado, bajo la presidencia de Kenneth D. McClintock, fijó la respuesta política sin ambigüedades. La vacante de un juez de filosofía estadista tenía que ser llenada por otro juez estadista. Si lo anterior no fuera suficientemente claro, el entonces Portavoz del PNP, Jorge de Castro Font fue más preciso y contundente: “Todas las plazas del Tribunal Supremo estaban reservadas para el Banquete Total luego de las elecciones de ese año”.
La pregunta es, ¿tiene el PPD, bajo este gobierno compartido, una postura tan contundente como para llenar la vacante conforme sus criterios? En diciembre de 2020, luego de conocer que no teníamos una mayoría en el Senado y tampoco teníamos dos terceras partes en la Asamblea Legislativa para ir por encima del veto del gobernador, prometimos al país desde la sede del PPD que buscaríamos derogar el Código Electoral y trabajaríamos con los otros partidos en un proyecto de consenso. El país espera que se tomen las medidas en la dirección correcta en aras de cumplir lo prometido y transformar la Comisión Estatal de Elecciones en el garante de la democracia puertorriqueña.
En julio, dijimos que el juez Francisco Rosado Colomer tenía que salir de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y fuimos a defender la Constitución del ELA para evitar un menoscabo de los poderes del Senado. Meses más tarde, todavía Rosado Colomer, continúa destruyendo y desmantelando lo poco que queda de la CEE.
El país espera por parte del PPD, posturas que sean contundentes y adelanten la agenda de principios que caracteriza a nuestra colectividad, como mismo lo hicieron otros líderes en su momento. De igual forma se debe presentar una estrategia definida sobre este y otros asuntos públicos. De cara al 2024, evitemos caer en el juego político del PNP y recordemos cuán deteriorados están como colectividad.