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La presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Mayda Velasco dejó en claro su oposición al P de la S 172, que propone una reforma universitaria y que recientemente fue derrotado en el Senado, pero que podría regresar a votación. Velasco entiende que, de aprobarse el proyecto tal como está redactado trastocaría aspectos críticos de la estructura de gobernanza que serían inadmisibles bajo los criterios y estándares de entidades regulatorias y acreditadoras, por lo que pone en peligro las acreditaciones que con notables esfuerzos la Universidad ha mantenido o recuperado.
A pesar de que la Junta de Gobierno se expresó en un memorial presentado en febrero de este año, ni entonces ni ahora ha sido consultada como parte del proceso de consideración de la pieza legislativa. En ese sentido, se trata de un proyecto que no ha podido contar con el insumo de todos los sectores universitarios.
“Aunque por una parte es favorable la declaración de la UPR como un bien público de carácter esencial como propone el P. del S. 172, el proyecto desfigura la estructura más fundamental de gobernanza y se distancia de lo requerido por las acreditadoras. Asimismo, en lo sustantivo, el proyecto ignora o menosprecia aspectos de política pública y operacionales a la vez que transgrede la autoridad y autonomía requerida para una gobernanza saludable”, expresó la presidenta.
Los estándares del Middle States Commission on Higher Education (“MSCHE”) requieren que las universidades tengan un cuerpo rector constituido con poderes definidos. La Reforma Universitaria, aunque establece que el Consejo Universitario (propuesto sustituto de la Junta de Gobierno) será el cuerpo rector, diluye sus facultades y lo convierte en un ratificador de las determinaciones de la Junta Universitaria.
“Sería en la Junta Universitaria en quien recaerían las facultades y deberes sobre la aprobación de presupuesto, el nombramiento del principal ejecutivo de la Universidad, las políticas sobre el manejo de personal, el nombramiento de cierto personal gerencial, entre otros, que son propiamente facultades inherentes de un cuerpo rector en una corporación. En ese sentido el modelo de gobernanza no solo no cumple con lo requerido por la acreditadora, sino que genera una entramado complejo y confuso que deteriora la cohesión de la gobernanza”, abundó Velasco.
Velasco señaló que la presidenta interina, Dra. Mayra Olavarría, “se equivoca al indicar que esto no representa un peligro para la acreditación. Basta con entender los requerimientos de la acreditadora para percatarse de que el proyecto está en contravención de estos. Corresponde a la presidenta interina en su rol prestar atención a estos delicados asuntos administrativos y de gobernanza y cómo se verían trastocados si esta medida se convierte en ley”.
Velasco a su vez exhortó a los miembros de la Asamblea Legislativa a consultar realmente con todos los sectores que componen la comunidad universitaria y a no “limitarse al intercambio exclusivamente con los propulsores de la medida”. “La Universidad es una entidad en extremo valiosa, que ha servido bien a Puerto Rico, y cuya estructura es compleja. Reducir el análisis de su gobernanza, su operación y su futuro a los propulsores de una medida es sesgar indebidamente la reflexión sobre el futuro de la institución más crítica en el desarrollo económico, intelectual y cultural de la sociedad puertorriqueña”, sentenció Velasco.
Por otra parte, el P de la S 172, que derogaría la Ley Orgánica de la UPR, impediría la implementación de una reforma al Sistema de Retiro, lo que representa un enorme riesgo para la sostenibilidad económica de la institución académica al tiempo que pondría en precario el futuro del proyecto universitario en general. Esto resulta contrario al Plan Fiscal de la UPR, según aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, por lo que, de convertirse en ley, la medida sería susceptible de ser invalidada por el Tribunal Federal. El proyecto de ley tampoco identifica de dónde provendrían los fondos necesarios para la implementación de algunos de sus aspectos medulares.
Desde el punto de vista gerencial también hay aspectos que chocan con los criterios de acreditación. Ese es el caso del Artículo 11, que dispone que los decanos no sean puestos de confianza, lo que limitaría la forma de reclutar el personal gerencial.
“Esta limitación pone también en peligro la capacidad de cumplir con los criterios de acreditación de MSCHE y se suma a otras que tendrían el mismo efecto, como es el caso de que los Senados Académicos sean quienes elijan los rectores y decanos, así como los que aprueben los cursos y programas académicos. Todo ello en contravención de lo requerido por la institución acreditadora más importante”, añadió la presidenta de la Junta.
Aunque algunos han defendido la medida por entender, en un análisis tal vez un tanto limitado de su alcance, que descentraliza la Universidad y combate obstáculos burocráticos, en el fondo esta no provee reales garantías de rendición de cuentas ni de estabilidad y coherencia para la ejecución de planes a largo plazo. Asimismo, hay múltiples áreas de la medida que se desglosan en un lenguaje poco claro o impreciso en ciertas definiciones, lo que se presta a un amplio margen de interpretaciones que no permiten aquilatar adecuadamente la viabilidad económica de su aplicación. Incluso, en algunos casos, es igualmente ambigua al no contener los elementos básicos como la disponibilidad de votaciones electrónicas como ocurre actualmente, que garantizan la expresión de todos los estudiantes.
Velasco aseguró que la Junta “tiene muchísimas razones para mirar con cuidado el alcance de esta medida y hacer el esfuerzo para incidir en que la misma sea mejorada sustancialmente o no sea aprobada tal como está”.