 |
El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, informó que la investigación sobre el funcionamiento Programa Re-Grow Puerto Rico, bajo la Resolución de la Cámara 347, continúan su curso, ante los serios cuestionamientos presentados por grupos de agricultores e individuos sobre el funcionamiento de dicha iniciativa, la que califican de lenta y altamente burocrática.
“Este próximo martes, 26 de octubre a las 10:00 de la mañana, en el Salón de Audiencias 1 (Severo Colberg Ramírez), vamos a continuar dicha investigación, porque la prioridad de este representante y de la Comisión de Agricultura, es que los que trabajan la tierra, sean los que tengan acceso a esos fondos. Los señalamientos se dirigen a Re-Grow, junto al Departamento de la Vivienda, es que decidieron dar prioridad a los agronegocios y no a la producción agrícola de fincas de ingresos limitados”, detalló Rivera Segarra, representante de Adjuntas, Jayuya, Utuado y Lares.
Re-Grow es un proyecto de ayuda a la industria agrícola, donde el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, puede facturar hasta $30 millones por servicios administrativos. En el pasado, las organizaciones Fundación Bucarabón de Maricao, los Centros de Apoyo Mutuo Jíbaro de Lares y Bartolo, Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico, Organización Agro-Mujer, Mujeres de Islas y el Congreso de Pescadores, se expresaron juntos en una conferencia de prensa para hacer sus reclamos y solicitar el acceso equitativo a los fondos de recuperación, la minimización de desplazamientos y la participación real y efectiva.
“El reclamo de ellos es por las exigencias relacionadas a la titularidad de las fincas, así como a los ingresos y capacidad tecnológica de las mismas, que impiden que la asistencia llegue a las familias agricultoras de menos recursos económicos. Esto afecta, reclaman ellos, a más de la mitad de las fincas activas, que se ubican en la zona central y montañosa de la Isla y apenas generan un ingreso anual de $10 mil dólares”, agregó el legislador.
Los grupos exigieron además al Departamento de la Vivienda a revisar las guías y los criterios del programa para garantizar el acceso equitativo a estos fondos. Este programa, realizado con fondos CDBG-DR para la recuperación del huracán María, supone estar orientado a aumentar la producción de comida y aumentar la seguridad alimentaria de Puerto Rico.