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La Comisión de Asuntos Laborales, presidida por el representante Domingo J. Torres García continuo la discusión del Proyecto de la Cámara 795, que busca prohibir el discrimen en el empleo por razón de negarse a ser vacunado contra el COVID-19.
En una vista pública, el Departamento de Justicia, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y el doctor César Vázquez Muñiz expresaron sus opiniones sobre la medida presentada por la portavoz del Proyecto Dignidad, la representante Lisie Burgos Muñiz.
“A nivel federal no se ha reconocido la existencia de un impedimento legal para que un patrono, sea del sector privado o público, exija que todos los empleados que ingresen físicamente al lugar de trabajo estén vacunados contra el COVID-19. Específicamente, siempre y cuando cumplan las disposiciones de la Ley Federal de Derechos Civiles, la American Disabilities Act (ADA) y la Ley de Rehabilitación”, sentenció la licenciada Mónica Ribas Cabrera del Departamento de Justicia.
De acuerdo con la abogada, la Ley Federal de Derechos Civiles prohíbe actualmente a los patronos de discriminar contra un empleado que, por razón de sus convicciones o prácticas religiosas, opten por no inocularse. “El patrono deberá proveer acomodo razonable, a menos de que la circunstancia de trabajo genere una carga indebida al patrono”.
Asimismo, Justicia determinó que no objeta que la Asamblea Legislativa apruebe legislación para proteger los derechos laborales de los no vacunados, que sean exentos por razones médicas o religiosas. Al mismo tiempo, Ribas Cabrera expresó que las leyes actuales ya ofrecen una protección para los empleados que no deseen inocularse.
“El proyecto debe tomar en consideración las directrices de medidas de salud que decrete el gobernador, el secretario de Salud y alguna otra entidad, federal o local, autorizada para ello, pues no debe interpretarse como discrimen los esfuerzos genuinos y de buena fe que efectúen los patronos para proveer acomodos razonables a favor de sus empleados”, mencionó.
La representante Burgos Muñiz destacó en un turno de preguntas, que todas las personas, vacunadas o no, están en riesgo de contagiarse con el COVID-19. “Estamos hablando, que de esta legislación depende el salario, el sueldo y las habichuelas de miles de puertorriqueños que no desean vacunarse por razones religiosas o médicas…En la calle hay muchas personas deseosas por trabajar, pero muchas están siendo discriminadas por no vacunarse”.
Por otro lado, el DTRH aseguró que en el lenguaje actual del proyecto de ley, los patronos podrían verse impedidos de establecer medidas especiales para la población no vacunada en aras de preservar su salud, la de sus compañeros y visitantes. “Eso nos presenta preocupaciones salubristas y de mitigación de riesgos conocidos”, destacó la ponencia firmada por el secretario de la dependencia, Carlos J. Rivera Santiago.
“Aunque no respaldamos el que se prohíba a los patronos requerir la inoculación de los empleados, entendemos que podrían regularse los efectos laborales de negarse a recibir la vacuna como, por ejemplo, requerir una suspensión sin sueldo u otras medidas previo a considerar la separación de empleo”, apuntó la ponencia escrita.
El DTRH añadió que se encuentran encaminados a fomentar lugares de trabajo libres de riesgos a la salud, la seguridad y la vida de los trabajadores en la isla.
“La medida de prevención más importante es la vacunación y gracias a esta hemos logrado avances significativos en la lucha contra el COVID-19. A medida que una mayor cantidad de la población se vacune, continuará la implementación de mayores flexibilidades y lograremos vencer la pandemia”, mencionó Rivera Santiago.
Por su parte, el representante Torres García solicitó al Departamento del Trabajo información sobre querellas realizadas ante la dependencia por personas que han sentido algún tipo de discrimen en el empleo por negarse a la inoculación.
Finalmente, el doctor César Vázquez Muñiz, en la presentación de una ponencia, reclamó la aprobación del Proyecto de la Cámara 795, “para evitar el discrimen irracional e injusto para los no vacunados”.
“El negarle acceso o servicios a un no vacunado es discriminar meramente por la sospecha de que pueda estar contagiado… Era y es una acción basada en el miedo y en el desconocimiento”, mencionó.
El galeno, especialista en medicina de familia y cardiología, también presidente del Proyecto Dignidad, destacó que cree en la vacunación contra el COVID-19 como una de las medidas importantes para mitigar su efecto sobre la salud del país. “Sin embargo, debemos respetar la autonomía y el derecho de los pacientes a decidir sobre su cuerpo en materia de salud. No les niego mis servicios a mis pacientes porque no están vacunados”, agregó.
Vázquez Muñiz recomendó varias enmiendas con el motivo de atemperar el Proyecto a los cambios que han surgido desde que se radicó el pasado mes de mayo.