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La senadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Keren Riquelme, radicó el Proyecto de Senado 620 para atender la carencia de intérpretes de lenguaje de señas que tiene la comunidad sorda en las escuelas del sistema público de Puerto Rico.
De aprobarse este proyecto, se enmendaría el inciso (l) del Artículo 4 de la Ley Núm. 173-2018, citada como “Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda o con Impedimento Auditivo en Puerto Rico”, y el Departamento de educación sería responsable de proveer a los estudiantes sordos bajo el programa de educación especial, la opción de un intérprete de lenguaje de señas cuando se establezca la necesidad.
“La educación efectiva de esta comunidad está atada con el acceso a los recursos y herramientas, por ello la radicación de el PS620, que confiamos sea aprobado”, destacó la Senadora.
“Es imperativo que a este proyecto se le asigne una comisión y que no termine, como en otras instancias, en una gaveta por la burocracia político-partidista”, sentenció Riquelme.
Riquelme, quien por años ha compartido con la comunidad sorda, quiere ser “el enlace para que los derechos de los estudiantes sordos sean respetados sin más dilación. Se han logrado unos avances, pero aún existen barreras que a diario tienen que enfrentar y eso hace más cuesta arriba el proceso de enseñanza-aprendizaje y su inclusión social”.
A pesar de que el servicio de intérprete se da en las escuelas muchas veces no está disponible para los estudiantes desde el primer día de clases. “El proyecto provee para que se le asigne sin dilaciones al estudiante el servicio de un intérprete y de ser posible y por petición del estudiante o sus padres, que este intérprete pueda continuar con el estudiante durante el resto de la jornada educativa hasta su graduación”, indicó la Senadora.
La pieza legislativa señala que, entre los derechos o beneficios, figura “el derecho de libre opción para aprender, adquirir conocimiento y utilizar el lenguaje de señas; y que el Departamento de Educación facilite el aprendizaje de tal lenguaje para quienes seleccionen libremente dicho sistema”. Además, precisa que las autoridades educativas agilizarán los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar la igualdad de condiciones de acceso tanto al lenguaje oral como al lenguaje de señas; y que éstos podrán recibir su educación en el Sistema de Educación Pública, con los servicios de apoyo requeridos y dispone que los que no puedan satisfacer sus necesidades en aulas regulares, podrán recurrir a los servicios de enseñanza especial.
De aprobarse la ley, entraría en vigor de inmediato.