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El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, licenciado Luis Javier Hernández Ortiz, presentó públicamente los resultados de un estudio realizado por el Comité de Estabilidad Fiscal de dicha entidad, con el propósito de presentarle al país opciones realistas y medibles a la situación fiscal de los 78 municipios de Puerto Rico. “Este Comité, presidido por nuestra segunda vicepresidenta y alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, está compuesto por los compañeros José Luis Cruz Cruz de Trujillo Alto, Eduardo Cintrón de Guayama, Josean Santiago de Comerío y Juan Carlos García Padilla. Aportaron significativamente el reconocido el economista Luis García Pelatti, expresidente de la Junta de Planificación, el exalcalde de Maunabo Jorge Márquez, exmiembro de la junta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el licenciado Carlos Santini, quien dirigió la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), el licenciado Francisco Amill y Heriberto Martínez, expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Como notarán, he destinado unos recursos intelectuales de primer orden para atender este importante tema”, detalló el alcalde.
Ante la realidad de la paulatina eliminación del Fondo de Equiparación, por parte de la Junta de Supervisión Fiscal y del Gobierno Central, el comité generó varias importantes ideas. Por años, este Fondo estableció las herramientas para que los municipios puedan recibir ingresos y dar los servicios municipales. El Fondo de Equiparación se nutre de contribuciones no cobradas por los municipios, como la aportación básica exonerada, el 35 por ciento de los ingresos netos de Lotería Tradicional y el 2.5% de rentas internas netas del fondo general ($1,100,310), así como el 2 por ciento de los recaudos de las multas de infracción de vehículos de tránsito y 0.20% la veinte centésima de la contribución no cobrada por las exoneraciones residenciales solicitadas.
“Como base de la estructura de financiamiento municipal, el Fondo de Equiparación para los municipios no debió ser eliminando ni modificado por el Gobierno Central y la Junta de Control Fiscal sin las debidas enmiendas de ley y sin el necesario estudio integral sobre los costos que significará para los municipios, principalmente los pequeños y medianos. El Fondo de Equiparación para los municipios no es un subsidio, sino un mecanismo donde el Gobierno Central compensa los daños y perjuicios causados a las finanzas municipales al conceder exoneraciones de manera arbitraria sin la consulta y autorización municipal”, añadió Hernández Ortiz.
A manera de ejemplo, el Comité de Estabilidad Fiscal de la Asociación de Alcaldes presentó reveladores datos que son desconocidos para la mayoría de la población en Puerto Rico y es cómo se financian los municipios en Estados Unidos. “Los ingresos de los gobiernos locales (municipios) en Estados Unidos provienen de las siguientes fuentes: 30% del impuesto a la propiedad, 7% de las ventas y otros impuestos, 23% de cargos y tarifas, 2% de impuestos sobre ventas e impuestos sobre rentas individuales, 2% de otros impuestos, como ganancias corporativas, impuesto de hoteles y licencias comerciales. Y atención: el 36% del total proviene de transferencias del gobierno federal y del estatal. En resumen, tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países del mundo, los municipios se financian mediante las contribuciones y tasas propias, siendo la propiedad inmueble la principal y particularmente las aportaciones del Gobierno Central, las cuales ocurren mediante la participación en una parte de las contribuciones o tasas que recauda el Estado y que suelen distribuirse a base de población y/o mediante un fondo que el Estado crea y distribuye a los municipios”, añadió el líder municipal.
Como parte del análisis del Comité de Estabilidad Fiscal, se presentó cómo las diversas agencias del Gobierno Central, e incluso la Rama Judicial, distribuyen sus ingresos. En el caso de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), el 46% se invierte en los municipios de San Juan y Bayamón. En el caso de la Administración de Tribunales (AT), el 23% de sus ingresos se invierten en San Juan, Bayamón, Guaynabo y Carolina. Por su parte, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el 20% se invierte en Bayamón. Situaciones similares suceden con la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), donde el 37% se invierte en San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina y Trujillo Alto, como pasa con la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA), que el 95% de sus ingresos se invierten en San Juan, Bayamón y Trujillo Alto. “Ante esto, por eso es que se requiere de un Fondo de Equiparación que contrarreste la inequidad”, aseguró Hernández Ortiz.
Ante esta realidad, el Comité de Estabilidad Fiscal de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico propone aplicar acción legislativa sobre varios temas:
-Decretos Contributivos: Resolución de Investigación contabilizar el gasto tributario y Enmienda a leyes, para abolir la facultad del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) sobre contribucionesmunicipales y que los municipios negocien sus tasas.
-Resolución de Investigación – Pago de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble de toda corporación pública.
-Cobro uso servidumbre de paso a las corporaciones públicas, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Por ejemplo, si se elimina la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI), entonces los municipios cobrarían servidumbres de paso a la AEE y a la AAA.
-Porción del “room tax” destinarse al municipio donde se cobre el impuesto.
-Porción del impuesto de las tragamonedas y lotería electrónica destinarse a los municipios donde se registre la venta.
-Resolución para investigar el estatus del fondo de redención del 1.03% desde que se dejó de pagar la deuda. (Que se elimine obligación de aportar $124M anual).
-Eliminación de la responsabilidad de ASES para el año fiscal 2021-2026, a ser sufragado con una asignación congresional.
-“Fee” municipal al marbete que emite DTOP. (carreteras estatales y municipales)
Otros de los temas atendidos por el Comité de Estabilidad Fiscal de la Asociación de Alcaldes es la eficiencia del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), comenzando por una evaluación y posibles enmiendas la constitución de la Junta del CRIM para darle fin a la la representación del Estado, así como evaluar la estructura operacional y establecer métricas reales. De igual manera, a juicio del Comité, procede una revisión de los Reglamentos para atemperarlos al nuevo Código Municipal y tomar medidas para enfrentar el volumen de la morosidad. Otras de las recomendaciones es aumentar la base contributiva, retasando propiedades actuales y tasar las nuevas propiedades, así como afianzar los poderes de los municipios y regiones para cobrar y tasar de manera efectiva.
El grupo de trabajo también señaló la importancia de evaluar la eficiencia municipal mediante la creación de Consorcios y fomento de la Descentralización. “Aunque el Gobernador habló de descentralización y de que los municipios asuman ciertas responsabilidades que ahora realiza el Gobierno Central, es necesario hablar de la descentralización fiscal o cómo los municipios reciben ingresos para realizar las responsabilidades que actualmente están delegadas y las que pueden y deben realizar”, añadió el presidente de la Asociación.
El documento presentado a los alcaldes asociados menciona además que ante el trabajo fundamental del destacado economista Wallace Oates, de la Universidad de Maryland, sus colegas han destacado los beneficios derivados de una organización fiscal que brinda a los municipios una cantidad sustancial de libertad para tomar sus propias decisiones sobre gastos e impuestos.
“Oates argumentó que, a menos que hubiera externalidades espaciales sustanciales o economías de escala, los bienes públicos se proporcionarían de manera más eficiente si fueran provistos por el nivel más bajo de gobierno posible. Este argumento, se denomina el principio de subsidiariedad. Por eso nosotros sostenemos que en Puerto Rico se debe trabajar hacia una autonomía municipal financiera, política y legal del gobierno central, pues uno de los grandes problemas que enfrentamos los municipios es que no están claramente delimitadas las responsabilidades municipales y que, debido a la falta de capacidad del gobierno estatal para actuar a nivel local, los municipios asumieron las responsabilidades en tiempos de crisis como los huracanes Irma y María 2017, los sismos 2019 y 2020, el Covid 2020-21”, añadió Hernández Ortiz.
“Con este trabajo del Comité de Estabilidad Fiscal, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico cumple con su responsabilidad ante la situación fiscal de los 78 municipios, de sentar a la mesa a las mejores y más experimentas mentes para analizar, producir ideas y trazar caminos claros hacia la recuperación. Nuestra vocación es el servicio público y con este documento estamos abriendo puertas”, finalizó el alcalde de Villalba.