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La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Lisie Burgos Muñíz realizó una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 496, de la autoría de la legisladora Wanda del Valle Correa, que busca enmendar del Plan de Reorganización, mediante el cual se renombre y reorganice el Departamento de Servicios Sociales, como el Departamento de la Familia (DF).
El proyecto de ley busca disponer que en los Centros de Servicios Integrales de la Familia se designen y/o habiliten áreas a denominarse como “Punto de Encuentro Familiar”, que funcionen durante horario extendido los siete días de la semana, y desde donde se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre las personas no custodias y sus hijos e hijas, mediante un espacio seguro para realizar visitas supervisadas y un lugar neutral para la entrega y recogido de menores para visitas familiares.
La consejera familiar, tanatóloga y mediadora del Tribunal, Yolanda Rivera expresó que en Puerto Rico existe solamente un centro de visitas supervisadas, conocido como ‘Proyecto Encuentro’ y pertenece a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y a la Admisnitración de Familias y Niños (ADFAN), y ubicada en la Región de Bayamón del DF. “Este proyecto está respaldado por fondos federales pertenecientes al Access and Visitation Grant Program y tiene más de 10 años en Puerto Rico”.
El “Punto de Encuentro Familiar” tiene como fin garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores de mantener relaciones filiales con sus progenitores después de la separación, estableciendo vínculos necesarios para su buen desarrollo psicológico.
Rivera indicó que el programa no ofrece los servicios de mediación y consejería, ni tampoco está regulado por los estatutos federales que rigen a los proveedores de estos servicios en Estados Unidos. “Las facilidades físicas no cumplen con la reglamentación, además, la localización no favorece el acceso al mismo y la cantidad de personas que se atienden no guarda relación con la demanda que tiene el servicio”, sostuvo la licenciada, quien recomendó que se presente legislación dirigida a la implementación compulsoria de estos centros en la isla.
Asimismo, la representante Burgos Muñiz coincidió en que “sería excelente y beneficioso que proyectos como este se repliquen en toda la isla”.
En su turno de preguntas, el representante Luis Pérez Ortiz le cuestionó a Rivera qué pueblos atiende el ‘Programa Encuentro’, ubicado en Bayamón, a lo cual la licenciada respondió que atienden los pueblos de Naranjito, Comerío y Bayamón.
A su vez, el representante peticionó a la presidenta de la Comisión que se cite a la Asociación y Federación de Alcaldes de Puerto Rico. “Este es un proyecto importante, grande y hermoso que debemos de buscar la manera de involucrar a los ejecutivos municipales de Puerto Rico. Es una manera de solventar que esta pieza se lleve a cabo para que todo el mundo que tiene la oportunidad de aportar, así lo haga”.
Por su parte, Franklyn Laracuente, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico dijo que el proyecto en discusión es importante, por lo que recabó la necesidad de establecer un protocolo para el funcionamiento de los centros que se atempere a la realidad psicosocial de la isla.
Asimismo, sugirió velar que los Centros de Servicios Integrales, al igual que los puntos de encuentro estén ubicados en espacios geográficos accesibles a los usuarios. También, que su composición administrativa y operacional pondere la utilización de capital humano con formación académica en áreas de salud mental, trabajo social y conocimientos legal. “Los centros y lugares de encuentro deben ser atendidos por profesionales capaces de propiciar una relación paterno/materno final libre de riesgos”.
Por otro lado, Jaime Rosario – consejero profesional del Centro de Consejería y Servicios Integrales Oasis, LLC. (CCSIO) – indicó que el CCSIO está activo en los puntos de encuentro y actualmente tienen cerca de 16 casos activos que se están trabajando. “En el día de hoy se están trabajando casos dentro de nuestros centros y es bien importante que sepamos que es una problemática constante. Ahora mismo tenemos varios casos en evaluación”.
Según Rosario, además del ‘Programa Encuentro’ del DF, existe el Instituto de Terapia Familiar, Rita Córdoba, Trabajadores Sociales y los Centros Oasis en Carolina, Fajardo y Bayamón. “Entendemos que este proyecto hace bien a la salud mental, emocional y psicológica de la familia y en forma particular a los niños, niñas, jóvenes desprovistos de una comunicación efectiva y asertiva con sus progenitores”.
Respecto a los 16 casos que mencionó el consejero profesional, Del Valle Correa expresó que esa no es la realidad de la isla. “En Puerto Rico hay muchos casos de padres que no se están familiarizando. Madres que el Departamento de Estado los citó y no tienen un espacio ni tienen relación”, dijo la autora de la medida, quien abundó que este proyecto se escribió pensando en los niños de la isla.
Por su parte, administradora de ASUME, Terilyn Sostre Fuentes del DF recomendó que los “Puntos de Encuentro Familiar” sean implementados dentro de las comunidades, donde se incluya a sus líderes comunitarios en el proceso, en lo cual en los centros comunales que cada comunidad posee. “Estarían dentro de su entorno, en un ambiente familiar y con el liderato de la comunidad. Los menores estarían en un ambiente menos restrictivo y más familiar. Esta recomendación se hace tomando en consideración que el DF cuenta con muy pocos trabajadores sociales para 10 regiones en las cuales brindamos servicios”.
La funcionaria agregó que para implementar los “Puntos de Encuentro” se necesitaría un presupuesto superior al actual.
Al concluir, la Oficina de Administración de los Tribunales expuso que la determinación sobre la creación de ‘Puntos de Encuentro’ en los Centros de Servicios Integrales del DF responde al ejercicio de la facultad de los Poderes del Ejecutivo y Legislativo de establecer o promover determinada política pública. “El Poder Judicial tiene norma general para abstenerse de emitir juicio respecto a asuntos de política pública gubernamental cuya determinación corresponde a los otros poderes gubernamentales”, concluyó la consejera legal, Evangelina Valentín.