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La Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz González, realizó una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 197, para investigar los casos de Covid-19 en los diferentes Complejos Correccionales de Puerto Rico, en especial el brote surgido en la cárcel de Las Cucharas en Ponce.
“Durante los últimos meses hemos visto cómo ha aumentado la cantidad de contagios por Covid-19 en los diferentes Complejos Correccionales de Puerto Rico. Dicho eso, para esta Comisión es prioridad evaluar cómo se está manejando este asunto e identificar alternativas y recomendaciones que produzcan un mejoramiento para los reos y empleados”, sostuvo Ortiz González, quien es el autor de la medida.
A la vista pública compareció la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana I. Escobar Pabón, quien expresó que el Departamento ha estado modificando y ajustando sus protocolos para brindar una educación constante a toda la población correccional y personal sobre el COVID-19.
“Desde el 2020 nosotros nos dimos la tarea de establecer las medidas pertinentes. Hemos estado revisando y añadiendo diferentes restricciones, inclusive el protocolo es para cualquier persona que entre a la institución correccional”.
También, compareció el enfermero Julio Pizarro Valdés y expresó que el Centro Médico Correccional (CMC), adscrito al DCR tiene muchos retos de infraestructura y amerita una intervención a corto y largo plazo.
“Durante la pandemia del Covid-19, en el CMC nuestra lucha ha sido constante para que se cumplan con los protocolos de limpieza. El personal de enfermería se ha mantenido dando el servicio con la falta de personal y el agotamiento físico, pero esta situación merece atención inmediata”, señaló.
“Son muchos los años que el personal de enfermería carece de justicia en el factor profesional y económico. El DCR no cuenta con la estructura para reclasificar al personal de Enfermería y Trabajadores de Salud”, añadió Pizarro Valdés, quien lleva 36 años trabajando en la dependencia.
De la misma manera, la Presidenta de Alianza Correccional Unida (ACU) Local 3500 indicó que actualmente el DCR no reconoce que el oficial correccional que trabajaba en Las Cucharas de Ponce, Víctor González Silva, se contagió en el área de trabajo.
González Silva fue el primer oficial de custodia que murió del contagioso virus en el pasado mes de febrero cuando en la Institución de Ponce hubo un brote, con un aproximado de 70 miembros de la población correccional contagiados.
“Para el mes de febrero de 2021 había reportados de 144 a 150 oficiales que se habían contagiado con Covid-19. Podemos dar una cifra aproximada, donde desde marzo 2020 hasta la actualidad de 200 a 250 oficiales han dado positivo”, dijo la Presidenta, Jessica Martínez Santos, quien además comentó que en Ponce 1000 están señalando fallas crasas en el manejo del protocolo por parte del área en esa institución que pone en riesgo la vida de todos los empleados.
Por su parte, el Presidente de Physician Correctional, Raúl Villalobos expresó que “no tienen las pruebas suficientes para cubrir la totalidad de empleados en las instituciones”, quien a su vez indicó que tienen un protocolo por escrito para manejar la pandemia que se enfrenta mundialmente. “Yo voy hacer muy insistente en fiscalizar, velar y colaborar en que se lleve a cabo los protocolos que se deben de llevar. Tenemos una obligación como Gobierno de garantizar la rehabilitación de los confinados que están cumpliendo su sentencia en las instituciones y una obligación moral con los oficiales de corrección y personal en las distintas áreas que realizan un trabajo difícil todos los días”, concluyó el representante Ortiz González.