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La senadora del Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, radicará una resolución de investigación, tan pronto inicie la sesión ordinaria, para investigar el impacto de la implementación de la ley federal conocida como “Family First Prevention Services Act”. La ley, que entrará en vigor en octubre próximo, provocará el cierre de decenas de hogares que acogen a menores de edad removidos del cuidado de sus respectivas familias.
La medida surge ante el posible cierre de este tipo de hogares o centros, conocidos también como hogares de cuidado grupal en el Distrito de Arecibo, en especial, del Hogar Colegio La Milagrosa (HCLM). El HCML ofrece servicios hace 95 años la cual acoge y presta servicios a niñas entre las edades de cuatro a 17 años y 11 meses que se encuentran bajo la tutela del Departamento de la Familia.
“Es necesario que el Departamento de la Familia deje claro cuál es el impacto que tendrá la implementación del Family First Prevention Services Act en las decenas de centros que ofrecen servicios a los menores removidos de sus familias. De igual forma, debe presentar el reglamento para implementar la ley, el plan delineado para ubicar a los menores que residen en estos centros así como las excepciones a la ley”, denunció Rosa. “Este es un asunto sumamente importante ya que se trata de la vida y el futuro de cientos de niños y niñas. Es menester que el departamento lleve a cabo un proceso transparente que tenga como prioridad el bienestar físico y emocional de los menores”.
La Ley Pública Federal 115-123, Family First Prevention Services Act aprobada en febrero de 2018, tiene como propósito ampliar el apoyo federal a los servicios de bienestar y prevención para familias, entre otros. Además, fija nuevas restricciones en la otorgación de recursos federales para procesos de reubicación y para el reembolso de fondos para costear la ubicación de menores en entornos de cuidado grupal. En agosto de 2018, Puerto Rico, solicitó una prórroga en la aplicación de la ley y un año más tarde se creó el comité timón desde Administración de Familias y Niños (ADFAN), para que entre junio de 2019 a octubre de 2021, realizara, planificara e implementara el estatuto en la isla. A dos meses, para que finalice la prórroga para la implementación se desconoce qué pasará con los centros que ofrecen estos servicios.
Por otra parte, la legislación federal, incide directamente sobre hogares e instituciones licenciadas por el Departamento de la Familia que tienen la encomienda de albergar, cuidar, proteger y educar a niños(as) cuyas condiciones familiares, bien sea por orfandad, maltrato, abandono o simplemente por pobreza, no les ofrecían la seguridad ni garantizaban su bienestar físico, intelectual y emocional. Según explicó la senadora Rosa este es el caso particular del Hogar Colegio La Milagrosa.
“Este hogar tiene 95 años de fundado y desde entonces atendieron a más de 5,500 niñas menores de edad. El hogar se distingue porque las niñas viven en él y estudian en el colegio. El 84% de estas se gradúa satisfactoriamente ya que reciben una educación de primera y muchas se convirtieron en profesionales que se desempeñan como trabajadoras sociales, patólogas del habla, maestras, enfermeras, entre otros”, detalló Rosa. “Sería devastador para las 12 niñas que en la actualidad viven en el hogar y para aquellas otras que pudieran necesitar los servicios, que el hogar tenga que cerrar. En nuestro distrito ya un hogar que ofrecía servicios similares cesó sus ofrecimientos”.
La senadora explicó que en la actualidad la mayor parte de las niñas que recibe el HCLM se encuentran entre las edades de 12 a 16 años. Estas son edades descritas como de difícil adopción. Por otra parte, indicó que la información preliminar que tiene apunta a que el país carece de la cantidad de hogares sustitutos para atender la cantidad de menores que viven en centros u hogares grupales.
“Como senadora del distrito de Arecibo y trabajadora social, esta situación me preocupa por lo cual es necesario que se investigue el impacto de la nueva ley y cuán preparado está el departamento para garantizar la seguridad de los menores. En el caso particular del HCLM, este se caracteriza por ser hogar y colegio lo que pudiera ser considerado para una excepción”, expresó Rosa. La senadora adelantó que inició conversaciones con la secretaria del Departamento de la Familia sobre este tema y que ofrecerá seguimiento constante para evitar el cierre de los centros y con ello afectar la salud emocional de los menores que se benefician de los ofrecimientos.