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Por: Dr. Howard Caro López
Las políticas detrás del manejo del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico siguen haciendo escante. La llegada de la compañía LUMA para asumir la administración del sistema de transmisión y distribución energética en Puerto Rico ha generado mucha controversia lo que ha desatado críticas fuertes contra la legislatura local y en manifestaciones públicas exigiendo la cancelación del contrato.
Aunque analistas como el Centro para la Nueva Economía (CNE) y Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés) han criticado varios aspectos del contrato operacional de manera detallada, las críticas que ahora han desatado manifestaciones públicas se enfocan en dos áreas particulares: los términos del contrato que requiere poca rendición de cuentas a Luma para asegurar mejoras en la red energética y en servicio al consumidor; y en el plan de reorganización laboral que peligra un gran número de empleados.
En cuanto a los términos del contrato, como ha señalado la CNE en su evaluación del mismo, el acuerdo negociado vislumbra un escenario donde Luma tendrá la oportunidad de generar ingresos sin casi ninguna inversión o rendición de cuentas por su parte. Entre otras cosas, LUMA no tiene obligación alguna de invertir en mejoras capitales para la transmisión y distribución energética, sino que dichas mejoras en la infraestructura vendrán o de fondos federales de los EEUU (donde ya Puerto Rico tiene acceso limitado a estos), o por otras gestiones del gobierno local. LUMA también se beneficiará de una exención de impericia amplia por cualquier falla en la red eléctrica que interrumpe servicio a nivel masivo como fue después de Maria. El contrato también fomenta el uso de gas natural para la generación eléctrica, que va en contra de metas establecidas de lograr 100 por ciento de energía renovable para el 2050, según nota el IEEFA en su análisis del año pasado. Dado estos aspectos, analistas, líderes comunitarios y ahora un número creciente de legisladores que los términos del contrato resultaron en tarifas eléctricas más altas para el consumidor y mayores daños ambientales sin garantía de un servicio energético más eficiente y estable para Puerto Rico. La IEEFA anticipa un aumento de tarifas de 20 centavos por kilovatio a 30 centavos.
Encima de esto, el plan de reorganización laboral ha generado tanto una demanda como protestas y voto de huelga por empleados de la UTIER. Dicho plan, según el sindicato, atenta contra los derechos laborales adquiridos por los empleados de la AEE, al trasladar empleados a otras agencias de gobierno forzosamente, y por falta de presupuesto para cubrir los salarios de aquellos empleados que no pasarán a LUMA, que por ley no podrán ser cesanteados. El plan de reorganización también ha generado críticas por exacerbar la escasez de celadores que ya existe dentro de la AEE, lo cual creará más estragos en la capacidad de mantener el funcionamiento de la red energética.
A estas alturas son pocos lo que niegan la realidad de que el sistema energético en Puerto Rico es uno que ya no da para más en su condición actual, por su ineficiencia, inestabilidad y alto costo de generación. Sin embargo, la controversia generada por el contrato de LUMA saca en cara dos dilemas grandes para el pueblo puertorriqueno. El primero es que la imposición de dicho acuerdo es un reflejo de las políticas de austeridad que la Junta de Control Fiscal tiene como mandato principal. Los términos del contrato de LUMA, quien se beneficia económicamente con poca fiscalización para mejorar el servicio y la infraestructura energética, y los derechos laborales, demuestra el peligro que representa las políticas de austeridad para el bienestar colectivo de los que dependen de servicios esenciales.
El segundo dilema es la oportunidad perdida para crear un sistema energético más resiliente y sostenible que responda a las realidades sociales y geográficas de Puerto Rico. Como he comentado anteriormente, esta coyuntura brinda una oportunidad para reimaginar un modelo energético más diverso, seguro para el medioambiente, y costo efectivo, donde se utilizan distintas fuentes que se adaptan a las realidades de comunidades o regiones locales. Pero en vez de ser abarcador, los puertorriqueños siguen perjudicados por políticas fallidas que no parecen proveer soluciones factibles al problema energético en Puerto Rico.
Es tiempo de ver la luz, no solo en nuestros hogares sino también en nuestra imaginación colectiva de cómo crear energía que empodera a nuestras comunidades y nuestro pueblo.