La Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología, presidida por el representante Ramón Luis Cruz Burgos, celebró ayer, miércoles, una vista pública para atender una resolución que investiga el sistema de supervisión electrónica a personas imputadas de un delito.
La Resolución de la Cámara 240 pretende conocer, con “carácter de urgencia”, el funcionamiento del sistema de monitoreo electrónico del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), el uso de tecnología de posicionamiento global, la efectividad de las alertas de violación de las zonas de exclusión y el trabajo del Centro de Monitoreo.
Actualmente, el PSAJ monitorea 1,518 personas con grilletes electrónicos, informó la directora Janet Rodríguez. De ese total, 495 casos corresponden a situaciones de violencia de género. La legislación de Cruz Burgos fue presentada en momentos en que la isla enfrenta un estado de emergencia por la violencia de género y feminicidios.
Ante la interpelación, los representantes lograron obtener información sobre los retos fiscales y administrativos que enfrenta el PSAJ. “Ningún sistema es infalible, pero ahora mismo necesitamos más personal para incrementar la efectividad de nuestras funciones”, mencionó Rodríguez.
El programa, agregó la funcionaria, cuenta con 72 personas para monitorear a 1,469 hombres y 49 mujeres con supervisión electrónica. “Nosotros estamos muy dispuestos en cumplir con nuestro servicio. Sin embargo, muchas veces, no nos da tiempo ni para tomar la hora de almuerzo. Muchas veces comemos en la computadora”, sentenció el agente Alberto Bermúdez, adscrito a la división de Monitoreo Central del PSAJ.
Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón, expresó la importancia de atender el problema de escasez de empleado de manera inmediata y prevenir una “fatiga humana”. “Entiendo que debería existir una rotación entre los empleados”, añadió.
Sin embargo, Rodríguez enfatizó que ese movimiento de empleados se logra únicamente cuando existe un relevo disponible en otra región. “Actualmente, estamos en la necesidad de 18 empleados para las distintas regiones ubicadas en Mayaguez, Aguadilla, Guayama, Ponce y Arecibo”, resaltó.
Otro de los problemas presentados por Rodríguez fue la inestabilidad en la señal del Internet de los dispositivos encargados de rastrear a las personas que viven en una zona montañosa. La directora explicó que el PSAJ cuenta con dos tipos de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, en inglés).
El primero, utilizado específicamente para casos por Ley 54 de Violencia Doméstica, monitorea la localización real de la persona imputada con una cobertura 4G. Por su parte, el otro sistema, conocido como “Shadow”, se utiliza para los demás casos que incluyen eventos violentos, exconfinados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que aún cumplen su sentencia, entre otros delitos.
Estos sistemas de GPS funcionan bajo la compañía Track Group, que culmina su contrato en junio. El representante Jesús Manuel Ortiz levantó una preocupación sobre la capacidad de la empresa para continuar el rastreo de individuos de manera efectiva y proteger a víctimas de violencia de género, luego de que en 2016 un grillete electrónico que salió de sus límites establecidos emitió una alerta tardía, causando que el agresor alcanzara la víctima y la asesinara.
“El tema de los grilletes ha sido manejado muy mal. Las mujeres de este país merecen un trato justo. Merecen un sistema más confiable”, manifestó el legislador. El representante Márquez Lebrón se unió a las expresiones al destacar que todas las víctimas de violencia de género esperan que el gobierno les proteja.
La comisión cameral igualmente atendió la Resolución de la Cámara 93, presentada por Cruz Burgos, para investigar todo asunto relacionado al estado de la seguridad y el orden público en la isla.