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La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes continuó este jueves el proceso de vistas públicas sobre la Resolución 198 para investigar la Ley 8-2017 que estableció el concepto de “empleador único” en las agencias de gobierno y otros asuntos relacionados a la prestación de servicios a la ciudadanía.
El estatuto, también conocido como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, le asignó a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) la preparación de un Plan de Clasificación y Retribución Uniforme. Aunque el término establecido era de un año y medio luego de la aprobación de la ley, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aseguró hoy que aún el gobierno de Puerto Rico no ha completado la adopción de este plan.
“No contamos con un Plan de Clasificación y Retribución Uniforme en estos momentos, principalmente porque no se pudo llegar a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el año pasado para aprobar su implementación”, explicó el licenciado Juan Carlos Blanco, director ejecutivo de la OGP.
El funcionario indicó en su ponencia que la OGP incluyó en la propuesta de presupuesto para el próximo año fiscal unos $50 millones para cubrir ajustes salariales resultantes de la implementación del plan. Asimismo, un aumento de $3 millones en el presupuesto de la OATRH para administrar este proceso y ejecutar “una reforma civil multianual enfocada en una justa retribución a los servidores públicos”.
A preguntas del representante Jesús Manuel Ortiz González, presidente de la Comisión de Gobierno y autor de la resolución junto al representante Denis Márquez Lebrón, la OGP comentó que el obstáculo mayor para la implementación de la ley 8 es no contar con un plan de retribución.
“El plan de clasificación existe. Hay un documento que se ha ido trabajando. Para poder hacer este Plan de Clasificación y Retribución, el componente de retribución tiene que estar presente, y para eso tiene que tener un presupuesto”, señaló el licenciado Blanco.
Por otro lado, el Director Ejecutivo abordó que existe un estimado de 11,000 puestos vacantes presupuestados en el gobierno, por lo que aseguró que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que no sean contratados por la empresa LUMA Energy estarán reubicados en otras agencias para el 1 de junio, fecha en que la compañía asumirá las operaciones de la corporación pública.
“En menos de 60 días, si más de la mitad de esos empleados (de la AEE) no se quedan en LUMA, ¿el día 2 de junio van a estar ubicados en una agencia con sus condiciones salariales?”, cuestionó Ortiz González.
“Antes de llegar el 1 de junio, ya los empleados van a saber si aceptaron y pasaron a LUMA. Y si no lo hicieron, van a pasar al gobierno y (sabrán) dónde en el gobierno central estarán ubicados”, respondió Blanco.
El funcionario reiteró que su oficina lleva a cabo los trabajos necesarios para lograr implementar la ley, tal como fue aprobada por la pasada administración. “La Ley persigue unos principios gerenciales bien importantes que se debieron haber adoptado hace mucho tiempo en el gobierno de Puerto Rico, y que nos van a ayudar a manejar mejor los recursos que tenemos y proveer un mejor servicio”, manifestó.
No obstante, el deponente José Medina Calderón, empleado gerencial de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) que fue destacado en el Departamento de Hacienda (DH) en septiembre de 2017, afirmó en su ponencia que la Ley 8 “no consideró la parte humana y la disparidad salarial”.
Conmovido en medio de su testimonio, el empleado informó que han transcurrido más de tres años desde que fue destacado junto a un grupo de cerca de 70 empleados de ASR, pese a que el estatuto establece que sería por un año, con posibilidad de ser prorrogado de existir la necesidad.
Además, puso en duda la movilización de los empleados de la AEE y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) a otras agencias una vez sean privatizadas sus operaciones, en momentos en que el primer grupo destacado de la ASR aún “se encuentra en un limbo”.
“Entendemos que la Ley 8-2017 bien implementada y ejecutada puede ser una alternativa para brindar buenos servicios a los constituyentes y en donde los servidores públicos puedan ejercer sus funciones plenamente. Sin embargo, la ejecución ha sido deficiente y no se ha cumplido con ninguno de los objetivos”, resaltó Medina Calderón, quien expresó que, al igual que él, miles de empleados públicos ya movilizados y los que seguirán sienten incertidumbre, ansiedad y desesperanza.
Mientras tanto, el Negociado de la Policía explicó en su ponencia que, al amparo del concepto de movilidad, según contemplado en la Ley 8, podrán ser trasladados a la dependencia empleados civiles de otras agencias para cubrir el trabajo administrativo que realizaban los agentes transferidos a labores operacionales.
Hasta la fecha, la Policía ha recibido 29 empleados para cubrir el trabajo administrativo. De un total de 2,029 uniformados que realizan funciones administrativas, solo 200 han sido movilizados para áreas operacionales debido al estricto proceso de rearme que debe ser aplicado a estos efectivos.
“Si hay una agencia donde se ve que la intención de esta ley quizás en un principio fue loable, pero no ha tenido el efecto que se espera, es en la Policía”, declaró Ortiz González.
El Negociado aprovechó su presentación para sugerir a la Asamblea Legislativa la aprobación del Proyecto de la Cámara 533, que tiene como fin proveer los mecanismos a los trabajadores pensionados, retirados o que renunciaron de manera incentivada para que puedan desempeñarse en un empleo regular parcial y retribución no mayor de la mitad que correspondería a una jornada regular de trabajo a partir del 1 de julio de 2021.
El regreso al servicio público de estos empleados, independientemente de cualquier acuerdo suscrito que lo prohíba, sería hasta el 31 de diciembre de 2024.
“Las iniciativas mencionadas están incidiendo positivamente en el ámbito administrativo y operacional del Negociado, muy particularmente ante nuestro interés de contar con mayor número de policías”, sostuvo en su ponencia el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres.