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La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante, Luis Raúl Torres Cruz, recibió hoy, viernes, las recomendaciones del Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) sobre la Resolución de la Cámara 136, que investiga el impacto del contrato de LUMA Energy en la transformación del sistema eléctrico de la isla.
Tras la presentación de una amplia ponencia, el ingeniero Juan F. Alicea Flores, presidente del CIAPR, aseguró que algunas condiciones del contrato de LUMA no protegen adecuadamente el interés público. “Por esa razón, el Colegio no avala el mismo, tal y como fue negociado”, añadió.
Según los hallazgos de una investigación realizada por la Comisión de Energía del CIAPR, una de las problemáticas mayores del contrato de LUMA, es que se le permite a la empresa tomar control del Centro de Control de Despacho, conocido como la Central de Monacillo, al mismo tiempo que administra la Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución.
Para Alicea Flores, quien también es jubilado de la AEE, la Central debe permanecer en el sector público. “Las funciones del Centro deben recaer sobre una o varias organizaciones independientes, cuyo único interés sea el bienestar del país. Se tiene que buscar un balance entre la generación y el consumo. Ese balance no lo hay en el contrato y es contrario a las mejores prácticas de energía en el mundo”, explicó el presidente del CIAPR.
“¿El contrato de LUMA prohíbe a la compañía subcontratar a través de las subastas a sus afiliadas o compañías matrices?”, preguntó el representante Torres Cruz a CIAPR. Por su parte, Alicea contestó que “eso no queda estipulado en el acuerdo”. Por medio del análisis presentado por el Colegio, realizado en un período de cuatro meses, Alicea explicó que se deben tomar medidas para imponer controles al operador en la ejecución del programa de mejoras capitales, para evitar que ocurran conflictos del interés público con lo privado.
El presidente del Colegio estuvo acompañado en la vista por el doctor Javier Quintana, presidente de la Comisión Especial de Energía de la organización; la ingeniera Ronda Castillo, asesora del Colegio y Manuel Vélez, miembro del Colegio y jubilado de la AEE.
De acuerdo con el grupo de ingenieros, con el contrato de LUMA se pierden más de 80 años de historia y experiencia de la AEE. “Esa transferencia de conocimiento no se obtiene de la noche a la mañana”, sentenció Alicea. A sus palabras, se unió el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra quien, en su turno, recordó la titánica labor que realizaron los empleados puertorriqueños en la reconstrucción del sistema eléctrico tras el embate de los huracanes Irma y María. “Los pueblos que represento (Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya), vieron el esfuerzo que realizaron nuestros empleados y debe quedar claro, no es lo mismo poner 100 postes en Texas, que 100 postes en Adjuntas y Jayuya”, aseguró el legislador.
Por otro lado, la representante Mariana Nogales Molinelli agradeció el estudio trabajado por el CIAPR. “Hay mucha diferencia entre su ponencia de 22 páginas y la que nos presentó ayer, el Director de Recursos Humanos de la AEE, que era de una página por delante y por detrás”, expresó.
A petición de Rivera Segarra, la investigación realizada por el Colegio de Ingenieros será enviada por la Comisión de la Cámara de Representantes al Gobernador de Puerto Rico y a todas las organizaciones públicas que formaron parte de la negociación del contrato de LUMA. “¿Ustedes tuvieron la posibilidad de presentar esta opinión ante las P3 y la AEE?”, preguntó Torres. “No hubo ese espacio de participación”, sentenció el CIAPR.
Colegio de Abogados y Abogadas repudian el contrato
En horas de la tarde, compareció ante vista pública la licenciada Daisy Calcaño López, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, quien presentó un memorial explicativo que repudió el contrato otorgado a LUMA Energy.
“El contrato de LUMA Energy atenta contra la capacidad de los puertorriqueños y puertorriqueñas de recibir dicho servicio esencial a un costo accesible. La propiedad de la AEE en manos del pueblo de Puerto Rico ha permitido allegar a nuestro pueblo el recurso de energía eléctrica sin distinción de clases sociales, capacidad económica o localización de sus viviendas y negocios, permitiendo así el acceso a este servicio esencial. Cabe destacar que la energía eléctrica como servicio esencial ha sido reconocido por la comunidad internacional como un derecho humano derivado”, expresó Calcaño en su ponencia.
El Colegio Profesional de Abogados, a través de su ponencia, también consideró el contrato de LUMA uno leonino. “El concepto “leonino” significa, que es ventajoso para una sola de las partes. En este caso, el contrato es ventajoso solamente para LUMA Energy”, señaló la licenciada Calcaño López.
De acuerdo con la presidenta del CAAPR, el contrato compromete financieramente a la AEE por espacio de 15 años en pagos que totalizan casi $1,500 millones en dicho término, “sin que podamos entender razonablemente que LUMA Energy brindará un servicio que la AEE por sí sola ya puede hacer”, anãdió.
“El contrato es el producto de una negociación a espaldas de nuestro pueblo, sin transparencia alguna ni participación de la ciudadanía. LUMA Energy no reconoce el valor de esos empleados y empleadas y no garantiza su bienestar, su empleo ni sus derechos. Nuestra posición es que se cancele el contrato”, argumentó Calcaño López.