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Ante los recientes brotes de COVID-19 en algunas de las cárceles del País, el Senado aprobó que la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano de la Cámara Alta investigue las gestiones que ha realizado el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a estos efectos.
Según la Resolución del Senado 56, de la autoría del presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago, el pasado 16 de enero del presente año, se reportó un brote de COVID-19 en un módulo de la Institución 676 de Ponce, donde 35 de 59 confinados resultaron positivos. De igual forma, se notificó que en el módulo uno (1) de la Institución de Bayamón 501, hubo un brote entre 167 confinados. “Alegadamente, en esta institución el brote se debió a un oficial correccional, el cual tuvo contacto con cinco (5) confinados y estos a su vez, con otros confinados, provocando así el brote”, lee la medida.
“El problema que se confronta actualmente, como quedó evidenciado, es el contacto que tiene la población penal con los empleados de las instituciones, esto es sumamente preocupante, ya que estas personas son las que tienen contacto directo con la población penal”, enfatizó el líder senatorial.
“Es una medida importantísima toda vez que una cárcel es un reflejo pequeño de la gran sociedad. Vemos una medida que reconoce la posibilidad, que mientras se dan medidas extraordinarias para combatir la pandemia y que las mismas deben insertarse en los sectores más vulnerables, como una cárcel donde existe una infraestructura, que no necesariamente se presta para guardar las características de una epidemia”, expresó el senador independiente, José Vargas Vidot.
Durante la Sesión, también se aprobóla Resolución del Senado 66 que ordena a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal realizar una investigación de naturaleza continua sobre la administración, uso y gasto de los fondos públicos asignados y administrados por las agencias e instrumentalidades públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
“El deterioro social que hemos sufrido por décadas seguirá su curso, mientras no tomemos acción. Para revertir esta trayectoria, es necesario que el Estado y todas sus agencias enfrenten su realidad, planifiquen su desarrollo, ejecuten sus planes y rindan cuentas al País sobre su progreso”, resalta la medida de la autoría del senador del Partido Popular Democrático y también presidente de dicha Comisión, Juan Zaragoza Gómez.
De igual forma, se aprobó el Proyecto del Senado 48 para crear y designar la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico, con las facultades necesarias para implantar las disposiciones aplicables de las leyes federales, según establece el “Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000”.
“Este proyecto no afecta la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Simplemente estamos en cumplimiento y viabilizamos la política pública, y en proteger los derechos de las personas con impedimentos. Estamos a tiempo para garantizar ese dinero y no se pierda”, sostuvo el senador PNP y autor de la medida, Carmelo Ríos.
Asimismo, fue aprobada la Resolución del Senado 29 para que la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano lleve a cabo una investigación sobre la implementación y cumplimiento de la “Ley del Protocolo para la Mitigación de Riesgos por Deslizamientos de Terreno de Puerto Rico”. Igualmente, fue aprobada la Resolución del Senado 30 que ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor realizar una investigación sobre los “Permisos Únicos PYMES” que han sido otorgados por la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, un profesional autorizado o los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V en los municipios que componen el Distrito Senatorial de Carolina.
Además, se aprobó el Proyecto del Senado 117 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y los senadores Ramón Ruíz Nieves y José Vargas Vidot, para facultar a la Fundación Luis Muñoz Marín para adquirir los terrenos del Bosque Urbano Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín. Asimismo, se aprobó la Resolución del Senado 67 de la autoría del senador del Partido Popular Democrático, Albert Torres Berrios, para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales realizar investigaciones continuas sobre la situación y los problemas relacionados a los programas agropecuarios y agrícolas del Gobierno.