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Por: Eva Guadalupe Rivera
La Cámara de Representantes no avaló el Proyecto del Senado 1660 que eleva a rango constitucional las pensiones de todos los retirados que son partícipes del Sistema de Retiro. La medida aprobada por el Senado horas antes, establecía que cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se proceda, en primer término, al pago de intereses, amortización de la deuda, y priorizar las pensiones de todos los retirados del sector público.
“Esta iniciativa lo que buscaba era elevar a rango constitucional el pago de las pensiones y garantizar que no se trastoque ese aspecto y que todo el gobierno se viera obligado a darle prioridad”, sostuvo el senador doctor Carlos Rodríguez Mateo.
El Senador reconoció que la medida llegó tarde, ya que “practicante se estaba terminando la sesión extraordinaria y el tiempo de aquí al evento electoral en noviembre es realmente limitado”.
Rodríguez Mateo explicó, que el Tribunal Supremo Federal sostiene que el Congreso y PROMESA están por encima de la Constitución de Puerto Rico. Sin embargo, esta medida no añade gastos ni incrementa el presupuesto público. “ La realidad es que PROMESA va por encima de cualquier ley del gobierno, pero, el Proyecto del Senado 1660 establece que cuando vayamos a configurar las deudas del gobierno, vamos a establecer unas prioridades y dentro de éstas vamos a tener el pago de las pensiones, “ insistió.
Otra medida que busca establecer una política pública de cero recortes a las pensiones de los empleados gubernamentales es el Proyecto de la Cámara 2434. “Esta legislación pudiera tener un buen fin, ya que es una medida de justicia para nuestros servidores públicos, pero bajo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tenemos que ver si tiene viabilidad y estudiar la cabalidad de la medida”, opinó Rodríguez Mateo.
Los recortes a los retirados gubernamentales, que ascienden hasta un 8.5 por ciento en algunos casos, están contenidos en el plan de ajuste que la JSF alcanzó con el Comité Oficial de Retirados en junio del 2019. En dicho documento se dispone que el 36 por ciento de los cerca de 167 mil jubilados enfrentaría el recorte máximo de 8.5 por ciento mientras, el 5 por ciento sufriría una reducción menor. El 59 por ciento no vería reducción al recibir una pensión mensual de $1,200 o menos.