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Contrario a las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez Garced durante su pasado mensaje, activistas contra la quema de carbón y el depósito de cenizas en Puerto Rico aseguraron que las comunidades afectadas por la empresa AES aun no gozan de paz, tranquilidad o mejor calidad de vida a pesar de la importante aprobación de la Ley 5-2020, que prohíbe el depósito y disposición de cenizas de carbón en la isla.
El líder comunitario Jimmy Borrero Costas, del Campamento contra cenizas en Peñuelas, le recordó a la gobernadora que todavía falta mucho por hacer sobre el desastre humano que ha causado la AES en Puerto Rico.
“En la reunión con la gobernadora en Fortaleza, el 30 de septiembre del pasado año, instamos a la gobernadora a visitar las comunidades de Guayama para que viera la crisis de salud que sufren las personas cercanas a la planta de carbón; solicitamos que se obligara al Departamento de Salud a realizar estudios; insistimos en la necesidad de establecer monitores de calidad de aire que midan metales pesados y particulado radiactivo en Puente de Jobos y Miramar; y recalcamos la importancia de monitorear las aguas subterráneas y superficiales donde se han depositado los residuos de carbón. Nada de esto lo atendió la gobernadora”, explicó.
Borrero añadió que otras solicitudes ignoradas por la mandataria fue que se ordenara al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) dar seguimiento al sistema de monitoreo de los vertederos donde se depositaron cenizas, que se cerrara la planta de carbón y que no se renovara ni realizaran contratos nuevos con AES.
El portavoz también aclaró que la aprobación de la Ley 5 fue un logro de las comunidades y del pueblo.
“Hay que aclarar que la aprobación de la Ley 5, prohibiendo finalmente el depósito de cenizas tóxicas en nuestro país, fue un gran logro del pueblo que costó esfuerzo, sufrimiento, sacrificio, arrestos y persecuciones de parte del gobierno, del cual Wanda Vázquez era Secretaria de Justica. De hecho, como Secretaria de esa agencia, nunca quiso investigar las acciones criminales de la carbonera AES”, comentó Borrero Costas.
Por su parte, la joven Mabette Colón Pérez, una de las residentes afectadas por las operaciones de AES, dijo que le sorprendió los comentarios de la gobernadora.
“Me sorprenden sus comentarios porque la gobernadora nunca ha venido a mi comunidad, a pesar de que la hemos invitado. Mi comunidad no puede gozar de paz, tranquilidad o mejor calidad de vida mientras la amenaza de AES siga latente. A pesar del grave daño a la salud que estamos padeciendo, la AES sigue impune y el gobierno sigue mirando para otro lado. Apoyamos totalmente la nueva ley, eso es un gran paso, pero no es la solución final. Hay que cerrar la planta y sacar a AES de Puerto Rico”, exclamó Mabette Colón.
Por su parte, el líder peñolano José M. Díaz Pérez, difirió de Vazquez Garced sobre las personas que hay que reconocer en el escenario político de la lucha contra las cenizas de AES.
“La gobernadora se equivocó cuando mencionó, en el escenario político, a las personas que hay que agradecer su constancia y apoyo. Larry Seilhamer y Nelson Cruz, no solo votaron a favor de la deformada ley 40 de Ricky Rosselló, sino que la defendieron en los peores momentos de las confrontaciones en Peñuelas y Guayama. La única persona del PNP que fue firme en su postura desde el principio fue la representante Jaqueline Rodríguez Hernández”, dijo Díaz Pérez.
Díaz también agradeció a Juan Dalmau Ramírez, Denis Márquez Lebrón, Cirilo Tirado, Rossana López y a la ex senadora María de Lourdes Santiago Lebrón, quien fue arrestada en las manifestaciones en Peñuelas aun ostentando su cargo legislativo, por el apoyo en distintas facetas legislativas.
Por último, Víctor Alvarado Guzmán, del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, aclaró que la Ley 5 aún no cuenta con un reglamento aprobado.
“A la gobernadora se le olvidó mencionar que a 5 meses de aprobada la Ley 5, aun no hay un reglamento aprobado. ¿Por qué es importante el reglamento? Porque la carbonera AES solicitó a la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA por sus siglas en inglés) unas enmiendas a la regla federal que maneja el asunto de las cenizas de carbón, que tendrían el efecto de pasarle por encima a la Ley 5, si no hay un reglamento aprobado. Con esas enmiendas, que es un hecho que la EPA aprobará dentro de poco, le permitiría a AES mantener todas las cenizas tóxicas que quiera amontonadas en el patio de su planta o volver a desparramarlas a su discreción por todos los pueblos del país”, explicó.
“El tiempo sigue corriendo y aún el DRNA no ha informado cuándo se realizarán las vistas públicas para la evaluación del reglamento. Seguiremos luchando para poder cerrarle todas las puertas a la empresa AES y que finalmente se vaya de nuestro país”, finalizó Alvarado Guzmán.