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Ocho alcaldesas de Puerto Rico electas bajo las papeletas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD) se unieron en un reclamo público al gobierno central y a la Junta de Control Fiscal para proponer que juntos logren una solución rápida y permanente a la situación de las remesas del Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM).
Las alcaldesas señalaron que a pesar de los recortes, permanece la obligación de continuar ofreciendo servicios a las distintas comunidades y grupos en necesidad. Particularmente en la temporada de huracanes que recién comienza, los municipios tienen gastos adicionales, sumado a todo lo que se ha invertido en salubridad desde el inicio de la pandemia por el Covid-19. En estos momentos, las remesas que emite el CRIM para los meses de mayo y junio se encuentran en precario y muy posiblemente las de julio, si no se buscan alternativas permanentes para el año fiscal que inicia el 1 de julio.
Ante la situación, los municipios estarían obligados a tener que escoger incluso entre pagar la nómina de los servidores públicos o limitar servicios a la ciudadanía como el recogido de basura, servicios de salud, mantenimientos de áreas recreativas y áreas verdes, limpieza y mantenimiento carreteras. La seriedad de la situación es de tal magnitud que municipios pequeños sufrirían un impacto económico que podría llevarlos al cierre, aseguraron las primeras ejecutivas municipales.
A continuación las declaraciones particulares de cada primera ejecutiva municipal:
“El acuerdo establecido entre el gobierno de Wanda Vázquez y la Junta de Control Fiscal y que está relacionado con el pago de la Ley 29, es nefasto para las finanzas municipales. Hoy, compañeras alcaldesas de la Asociación de Alcaldes y de la Federación, nos expresamos sobre el riesgo y la insolvencia que este acuerdo pueda representar para los ayuntamientos. Las consecuencias del mismo van desde la limitación en los servicios que ofrecemos a la ciudadanía y el despido de empleados, hasta el cierre de municipios”, manifestó la alcaldesa, Wanda Soler Rosario.
“En el caso concreto de Barceloneta, tenemos que identificar alrededor de $3 millones que no están contemplados en el presupuesto municipal y que representan el 10 por ciento, esto para ponernos al día con el pago de la Ley 29. Sin duda, las economías generadas desde que se eliminó el pago por concepto de retiro y plan médico fueron destinadas a ofrecer servicios directos a nuestros ciudadanos. Esas economías nos permitieron realizar la compra de equipo, materiales y otros, todos dirigidos en garantizar los ofrecimientos municipales vinculados con servicios directos al pueblo. El gobierno así como la Junta deben reconocer, de una vez, que somos los municipios, esa mano amiga de los ciudadanos y la primera línea de respuesta en cualquier situación”, ldestacó a Primera Ejecutiva de Barceloneta..
“Luego de que la Junta de Gobierno del CRIM aprobó enmendar el estimado de ingresos para el año fiscal 2019-2020 para todos los municipios de Puerto Rico como consecuencia de las reducciones en recaudos causados por la crisis económica relacionada a la pandemia del Covid-19, el Municipio de Canóvanas tendrá un menoscabo en sus ingresos para los meses de mayo y junio de 2020 por la suma de $1,137,987. Por otra parte, tras la anulación de la Ley 29-2019 que eximía a los municipios del pago al plan de salud del gobierno y el retiro de los jubilados mediante el sistema de pagos “Pay as you Go”, las finanzas del Municipio de Canóvanas tendrán un impacto negativo de $765,944 para el año fiscal 2020-2021 a consecuencia de dicha anulación” , explicó la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva.
“El impacto de no recibir la remesa del CRIM por dos meses es un golpe enorme contra las finanzas municipales. Para la primera ejecutiva municipal, la imposición a los municipios del pago de “Pay Go” y del plan Vital agrava la situación. Si son justos en el gobierno central tiene que admitir que no es responsabilidad nuestra pagar por un retiro que ya se pagó y que el gobierno central no supo manejar. Lo mismo con la obligación de pagar un sistema de salud que es responsabilidad de ellos. Nosotros hemos asumido su rol en nuestros pueblos y no es justo. Cuestionan nuestra existencia como municipios. A la luz de esta situación, quizás lo que hay que preguntarse es quiénes son los ineficientes. En mi municipio la anulación de la Ley 29 y el no recibir la remesa ni los fondos del CAE, podrían impactar servicios generales”, sostuvo la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana.
“A raíz de la eliminación de la Ley 29, para el municipio de Loíza representa cerca de $11.2 millones en reducción o el 11% del presupuesto del año fiscal 2019-2020. Para el próximo año fiscal la reducción en presupuesto será superior a $2.3 millones lo que representa una reducción que supera el 20%”. Con los recortes hecho los pasados años, hicimos ajustes y logramos hacer más con menos. Esto representa un nuevo golpe a las finanzas municipales, que obligará a los alcaldes a tomar decimos entre servicios a la ciudadanía y mantener empleos”,destacó la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes.
“En el caso de Morovis, los ingresos por concepto de Contribución Sobre la Propiedad que teníamos confirmados por el CRIM para el corriente año 2019-2020 fueron recortados en un 11 por ciento. Esta reducción le produce un impacto negativo al Municipio de $738,656; cantidad que no será posible amortizar faltando tan poco tiempo para acabar el año.Por otra parte, los ingresos que el CRIM nos ha notificado para el próximo año fiscal 2020-2021 reflejan una reducción aún mayor, que equivale a un recorte de 22 por ciento en comparación con el corriente año. Esto significa que la operación municipal del año 2020-2021, que comenzará este 1 de julio de 2020, estará enfrentando un recorte de $1,544,000. Esa cantidad representa un 14 por ciento del nuestro presupuesto que para ese año apenas será de $9,450,000”, enfatizó la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González.
“La anulación de la Ley 29 resulta en que los municipios tengan que asumir una imposición onerosa, injusta. Los municipios pequeños y medianos no tienen la capacidad de pago para asumir esas imposiciones del Estado. Ante esta situación, se afectarían los servicios esenciales que brindamos a nuestra gente. La situación para los municipios se hace insostenible. La mayoría de los municipios no generan ingresos desde marzo y en el caso de los municipios del sur hemos sufrido una merma de recaudos desde enero debido a los terremotos”, señaló la alcaldesa de Ponce, María ‘Mayita’ Meléndez Altieri
“Desde la aprobación del plan fiscal, los municipios, que somos la primera línea de respuesta, hemos sufrido recortes sustanciales, lo que nos ha obligado a tomar medidas y ajustar nuestros presupuestos. A pesar de eso, hemos continuado brindando los servicios incluso ofrecer los servicios que le corresponden al Estado, y atendiendo las emergencias. No aguantamos un recorte más”, dijo la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón.
“Puerto Rico no va a progresar si se hace más pobre a los municipios. Son los Municipios los que han tenido que echarse a cuesta responsabilidades que le corresponden al Gobierno Central. La Gobernadora no puede decir por un lado que cree en los municipios y no darle el dinero para poder darle servicios a nuestra gente. Wanda Vázquez tiene que cumplir su palabra”, reclamó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.