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El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, radicó una querella contra la Gobernadora, Wanda Vázquez Garced, ante la Junta Examinadora de Anuncios (JEA), por el uso ilegal de fondos públicos para promover su imagen con programas que limitan el acceso a la prensa. La querella cuestiona el uso de las emisoras de radio y televisión de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR), para controlar la información que se comunica relacionada con la emergencia provocada por el COVID-19 y para realzar la imagen de Vázquez como aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
“El programa especial que llevó a cabo la Gobernadora fue un montaje pagado con fondos públicos en el cual se excluyó a representantes de la prensa y permitió a la Gobernadora diseminar el mensaje de su administración sin que se le cuestionara a fondo lo discutido. La Gobernadora se aprovechó del poder que le faculta la Ley y su puesto para utilizar fondos y propiedad pública en beneficio personal y de su aspiración en el PNP”, acusó Merle. “Radicamos la querella porque es responsabilidad de esta Junta detener este tipo de acción”.
Según Merle, tanto la prensa como el público en general tienen un derecho constitucional al acceso a la información en poder del Estado. “Limitar la presencia de la prensa es contraproducente y atenta con la democracia del país. No se objeta que en medio de una emergencia oficialmente declarada tanto por el Gobierno de Puerto Rico como el de los Estados Unidos, la Gobernadora utilice todos los medios de comunicación disponibles, incluyendo las emisoras de televisión y radio del Estado, para dar información relevante, orientar a la ciudadanía y contestar preguntas pertinentes a la emergencia. Lo que se objeta, como carente de legalidad en nuestro ordenamiento, es que la Gobernadora use las emisoras públicas de radio y televisión para difundir un mensaje controlado, acomodaticio, que la beneficia y sin la posibilidad de cuestionamientos o de exigencias de aclaraciones.
Todo esto en medio de serios cuestionamientos de corrupción en el manejo de los asuntos relacionados al COVID-19, levantados, precisamente, por la prensa del país y en clara violación de lo estipulado en el Código Electoral de Puerto Rico”, precisó.
La querella establece que la Gobernadora violó las disposiciones del Artículo 12.001 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI.
“La participación libre de una prensa privada e independiente es esencial para darle a esas comparecencias de la Gobernadora su fin público legítimo. El no garantizar esa participación libre de la prensa, torna la emisión televisiva y radial de los mensajes de la Gobernadora, que es candidata a un cargo electivo, y de quien ella decida que la acompañe, en un ejercicio de propaganda y proselitismo electoral que está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento. Solo con la participación libre de la prensa privada e independiente, para cuestionar, es que el fin público de informar a la ciudadanía se cumpliría. Esto no sucedió”, garantizó Merle.
El Comisionado Electoral sostuvo que la emergencia no puede ser una excusa para violentar y socavar disposiciones de Ley que rigen el estado de derecho. Dijo además que solicitó a la JEA que ordene a la querellada desistir de inmediato de la conducta descrita y que se impongan las sanciones que correspondan.