En medio de la situación del Covid-19 y la urgente necesidad de proteger a la población mediante la administración de pruebas para conocer la magnitud de la pandemia, hoy se destapa otro caso de malos manejos por parte de la administración de la gobernadora Wanda Vázquez, quien ha estado al frente de las operaciones relacionadas al Covid-19, del Departamento de Salud (DS) y del grupo de trabajo sobre el tema.
“Todos los días el país ve con asombro, vergüenza y hasta rabia el desastre administrativo que se inicia en La Fortaleza, donde invierten $3.5 millones en 100,000 pruebas rápidas de Covid-19 a $36 cada unidad, cuando los laboratorios clínicos las están pagando a $20 al detal. Lamentablemente hay que decirlo como es: estamos ante otro caso de corrupción gubernamental”, tronó la senadora Rossana López León, quien como salubrista y gerontóloga ha estado trabajando a distintos niveles con la educación sobre la pandemia.
La información que hoy comenta la senadora fue publicada ayer en la cuenta de Twitter de la reportera Nuria Sebasco, donde se evidencia que el Departamento de Salud mandó a comprar el pasado 24 de marzo de 2020 unas 100,000 unidades de ‘rapid test kits’ para hacer pruebas de Covid-19 a la población, pagándolas a $36 cada una.
“Tengo información de varios laboratorios clínicos en Puerto Rico, que han pagado las mismas pruebas a $20 al detal. O sea, con la transacción del Departamento de Salud, hay alguien haciéndose rico a costa de la pandemia y de la salud de los puertorriqueños. Y eso no es todo”, añadió la senadora.
La empresa con que el gobierno central está haciendo la transacción, ‘313 LLC’ de San Juan, Puerto Rico, ni siquiera está registrada como suplidor autorizado por la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). “Ahora es que entendemos la extraña resistencia del gobierno central a que los laboratorios hagan las pruebas. La razón nunca fue de salubridad. La razón fue económica, para el beneficio de los comerciantes del desastre”, añadió la también exprofesora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
En la Orden de Compra del DS #00071-0000052655, se especifica que el gobierno pagó 60 por ciento de los $3.6 millones antemano y que la entrega se haría de 5 a 7 días. Ya han pasado 12 días naturales y 8 días laborables. “Se supone que dichas pruebas pagadas a un sobreprecio escandaloso ya estén en Puerto Rico y le corresponde a la Gobernadora explicar de manera coherente porqué paga $36 por cada prueba, porqué su suplidor no cumple con la FDA y porqué hay que creerle cuando alega que su gobierno es uno de transparencia”, finalizó López León.