El Senado ordenó a todos los acreedores financieros incluyendo a las instituciones financieras o bancarias autorizadas para hacer negocios en Puerto Rico a establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o deudor, sobre los pagos a préstamos personales, de auto, hipotecarios y/o tarjetas de crédito correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año.
De igual forma, les prohibió el realizar cargos, penalidades o aumentar la tasa de interés o intereses adicionales a los clientes o deudores que se acojan a la moratoria al darle paso a la Resolución Conjunta del Senado 489 que fue aprobada en la sesión que se llevó a cabo esta tarde y se transmitió por televisión y las redes sociales oficiales de la Cámara Alta.
Esta medida, de la autoría del senador Miguel Romero Lugo, es una de las aprobadas por la Cámara Alta para mitigar el impacto social y económico de la pandemia Coronavirus, mejor conocida como COVID 19 y de la cual hasta hoy se han confirmado 39 casos en la Isla.
Dicha moratoria aplicará únicamente aquellos clientes o deudores que notifiquen a su acreedor financiero que su situación financiera ha sido directamente afectada por la emergencia del COVID 19.
“Esta moratoria es para cubrir estos meses que se han visto afectadas estas personas. La moratoria es voluntaria para el cliente o deudor y con eso la institución financiera tiene que actuar no se le podrá imponer penalidades, recargos o tasas de intereses. Establece, además, que, en adición a estas ventajas, si en la institución financiera, durante este periodo ocurre la venta de préstamos se establece claramente que dicha venta no afectará a los clientes o deudores. La Resolución Conjunta tiene también unas obligaciones adicionales para el sector bancario. Esta medida le aplica a todo el sector financiero en la Isla”, señaló Romero Lugo al defender su medida en el Hemiciclo.
Un cliente o deudor que cumpla con los requisitos de elegibilidad de la Resolución Conjunta podrá acogerse a la moratoria en cualquier momento durante el periodo de cuatro meses (marzo, abril, mayo y junio) sin impedimento o consideración ulterior por parte del acreedor financiero. Cualquier cliente o deudor acogido a la moratoria establecida en esta medida podrá voluntariamente decidir reanudar sus pagos como de costumbre sin recargos o penalidades.
En el caso de los préstamos hipotecarios, los acreedores financieros le ofrecerán la opción al cliente o deudor que se acoja a la moratoria de realizar el pago por concepto de la cuenta de reserva, en los casos en que aplique, y le orientarán de los efectos que podría ocasionar el no cumplir con el mismo. Cualquier modificación hipotecaria concedida por un acreedor financiero, sea o no un ente federal, según definido en esta Resolución Conjunta, o su agente para asistir a un cliente o deudor a atender el impacto de la emergencia declarada, quedará automáticamente formalizada, así como también quedarán automáticamente enmendados el pagaré hipotecario, la escritura de hipoteca y cualquier otra evidencia de la deuda, de modo que refleje la extensión por el término de la moratoria otorgada por el acreedor financiero.
Sobre esta medida el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que si para establecer política pública y proteger a nuestra gente fuéramos a esgrimir términos estrictamente contractuales sin mirar más allá entonces no estaríamos legislando”.
“El proyecto establece una moratoria por cuatro meses, no deja sin efecto el contrato. Sencillamente pone en pausa y establece unos mecanismos para que el préstamo pueda subsistir”, añadió el presidente senatorial.
De paso, urgió a la Cámara de Representantes a aprobar la medida y que la gobernadora Wanda Vázquez Garced estampe su firma en la misma.
“Una Orden Ejecutiva es un buen instrumento. Una ley legítimamente presentada, aprobada y considerada tiene más fuerza aún, en caso de que una institución financiera no cumpla. Mi llamado es que la Cámara de Representantes la apruebe y la gobernadora, que además de la Orden Ejecutiva que beneficia a los puertorriqueños, que de igual manera le imparta su firma. Se ha hecho de una manera balanceada, apropiada”, sentenció el líder senatorial.
De igual forma, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 493, del presidente del Senado, a la que se unió el vicepresidente Henry Neumann Zayas, para “apoyar y avalar” las acciones propuestas por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, conducentes a la ejecución y concesión de medidas, como parte de un paquete de estímulo económico ascendente a $787 millones, para atender la crisis económica provocada por el COVID 19.
Este estímulo incluye aportaciones económicas a los que trabajan por cuenta propia, a los pequeños y medianos comerciantes que hayan cesado operaciones durante la crisis, bonos para enfermeras, médicos, policías, y otro personal de emergencia, entre otros incentivos.
“Esta Asamblea Legislativa aprueba la presente Resolución Conjunta que aplicará exclusivamente a los incentivos que se conceden en este caso de emergencia, a los fines de apoyar y a avalar las acciones de la Rama Ejecutiva, con el fin de viabilizar la ejecución de estas sin necesidad de enmendar las leyes existentes o aprobar legislación adicional”, argumentó el Presidente del Senado en la pieza legislativa.
Otra pieza legislativa que recibió el aval de los senadores fue la Resolución Conjunta del Senado 99, presentada por Rivera Schatz, en la que solicita al Congreso de Estados Unidos trato igualitario para Puerto Rico en toda legislación política o programa económico, contributivo en respuesta al COVID 19. Asimismo, apoya toda gestión realizada por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón.
Una de las medidas que considera el Congreso sobre el COVID 19 está traer de China la manufactura farmacéutica y de dispositivos médicos a los estados para mover la economía y proteger la seguridad y salud nacional.
“De acuerdo con los comentarios del Presidente de Estados Unidos y el amplio apoyo nacional de la cadena de suministros farmacéuticos y médicos, Puerto Rico está bien posicionado para ayudar al resto de la Nación a cerrar esta brecha de inmediato, con la disponibilidad actual de plantas y equipos de manufactura farmacéutica y dispositivos médicos”, opinó Rivera Schatz.
Actualmente, 49 plantas certificadas por la Food and Drug Admninistration (FDA) que representan a 12 de las 20 compañías farmacéuticas más importantes del mundo están activas en Puerto Rico.
“En estos tiempos de solidaridad nacional algunos cabilderos se dedican a impulsar propuestas para regresar al pasado, con medidas de exenciones contributivas especiales para beneficiar solamente las ganancias de las empresas de los grandes intereses de sus clientes en Puerto Rico. El liderato congresional lo ha rechazado porque no le han servido bien a Estados Unidos ni a los contribuyentes americanos en los estados o en Puerto Rico. Estas medidas dependen de la continuación de la no incorporación del territorio a expensas del derecho a trato igual de los ciudadanos americanos en la Isla”, expuso Rivera Schatz.
“Esta Asamblea Legislativa no apoya la creación de un paraíso fiscal federal, en beneficio de los grandes intereses, en detrimento de la igualdad de los puertorriqueños”, añadió.