El presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, informó que se dispone referir a altos funcionarios del Ejecutivo por mentir bajo juramento en el proceso de vistas públicas sobre la entrega de suministros guardados en un almacén del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), ubicado en Ponce.
El director de área del NMEAD, Luis G. Torres Negrón, aseguró que desde marzo del 2019no estaba a cargo de la llave del mencionado almacén y que, en efecto, era Luis Cruz, director de operaciones de inventario, el encargado de impartir órdenes para la distribución de los suministros. Este señaló que la Comisión posee documentos que afirman el testimonio hoy vertido.
“Con el testimonio de Torres Negrón, tenemos ya dos versiones, pero, además, tenemos correos electrónicos y documentos que ubican al señor Luis Cruz como responsable de los suministros, yo puedo llegar a la conclusión que Luis Cruz, no nos dijo la verdad”, dijo el legislador.
“No decir la verdad bajo juramento a la Comisión es un desacato y nosotros vamos a referir a todos los funcionarios que han estado en esta vista y no nos han dicho la verdad bajo juramento”, advirtió Rodríguez Aguiló, por lo que indicó que una vez se revisen las transcripciones y finalmente, se entregue el informe preliminar realizado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), se hará el referido al Departamento de Justicia, al panel del Fiscal Especial Independiente y a la Oficina de Ética Gubernamental.
Rodríguez Aguiló, quien también es portavoz de la mayoría, mencionó que entre los funcionarios a ser referidos están el designado secretario de Estado, Elmer Román; el comisionado del NIE, Lcdo. Héctor López Sánchez y a la Secretaria de Justicia, Dennise Longo.
A su vez, indicó que leyendo el informe de la jueza del Tribunal de Primera Instancia, Lauracelis Roques Arroyo, en el caso de Centro de Periodismo Investigativo y la ASPPRO, y los testimonios presentados en las vistas pueden concluir que “Elmer Román nos mintió, la Secretaria de Justicia nos mintió, el Lcdo. López, que es el comisionado del NIE, nos mintió y nosotros vamos a actuar, pero tenemos que actuar cuando tengamos los documentos en poder de la Comisión y así lo haremos de forma responsable”.
El testimonio de Torres Negrón, apuntó a que él solo era el custodio de la llave del almacén de Ponce hasta marzo de 2019, luego de los cual, el excomisionado Carlos Acevedo, lo nombra como director regional de la zona que comprende los pueblos de Guayama, Ponce y Mayagüez, pero era Cruz quien impartía las órdenes de qué se sacaba del almacén y quienes entraban allí.
El deponente aseguró en todo momento que el almacén de Ponce era uno de uso alterno, cuando se agotaban los suministros ubicados en Cabo Rojo, tal y como estaba estipulado en el plan de emergencias.
A preguntas del Rodriguez Aguiló, el funcionario sostuvo que luego de los terremotos, específicamente el 19 de enero, fue entrevistado por un agente del NIE. Ese mismo día, tres agentes y el comisionado López Sánchez lo entrevistaron en horas de la tarde, según le fue informado durante el interrogatorio.
Sobre este punto, el legislador señaló que López Sánchez en su día ante la comisión le expresó que “nunca nos dijo que participó de las entrevistas a los funcionarios. Él siempre nos dijo a nosotros que había nombres de agentes en el informe por lo que era un riesgo hacer público el informe porque se ponía al descubierto a los agentes del NIE y su investigación. Ese fue su testimonio; él nunca nos dijo a nosotros ‘yo participé de la investigación’, él nunca nos dijo eso”, por lo que indicó que se aprestan a preguntarle directamente al comisionado del NIE.
Más adelante, el deponente indicó a preguntas del representante Rafael “Tatito” Hernandez que tras 37 años de trabajo en manejo de emergencias se sintió “indignado” al escuchar a Elmer Román, la gobernadora Wanda Vázquez y la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, negar que conocieran la existencia del almacén.
“Soy testigo de esa parte cuando Carlos Acevedo le informó a cada uno de ellos; no tengo miedo a reprimendas porque solo le tengo miedo al Creador y vine aquí a decir la verdad, pero me siento indignado y me siento frustrado, me siento hasta impotente en ese sentido porque al crear el Departamento de Seguridad Pública (DSP), al no tener fondos propios para mantenerse independiente, esta agencia depende del presupuesto de las otros negociados y esto sangra los fondos que estos tienen causando lo que está pasando en Ponce, que no tiene el equipo y el personal necesario por falta de dinero”, afirmó Torres Negrón.
Ante ello, Rodríguez Aguiló le dijo al testigo que de sufrir alguna represalia por su testimonio, que acudiera ante la Comisión para recibir el auxilio de la Rama Legislativa en ese sentido.
Durante los trabajos del día, compareció la Lcda. Coraly Veguilla Torres, directora interina de la oficina de asesoramiento legal del Departamento de la Familia, para excusar al secretario interino el doctor Eddie García Fuentes ya que está convaleciendo en su hogar por motivos de salud.
La asesora anunció, a preguntas de la Comisión, que por el momento la agencia no puede entregar, hasta que no sea discutido dentro de la instrumentalidad, el informe en torno a la Lcda. Surima Quiñones, titular de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), quien aún se encuentra suspendida. Eso, luego de que fuera acusada de utilizar suministros destinados para los damnificados por el terremoto ocurrido el pasado 7 de enero con fines políticos partidistas.
Sostuvo que una vez el informe sea discutido con el secretario para que este tome una determinación y a su vez, con la querellada, podría estar a disposición de la Comisión.