El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, reclamó del Presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III que haga públicos todos los documentos relacionados con el acuerdo recientemente alcanzado con un grupo de bonistas del gobierno de Puerto Rico.
Acevedo Vilá envió esta mañana una carta José Carrión III, presidente de la JSF, donde le solicita información específica sobre dicho acuerdo. “Lo primero que salta a la vista es que la Junta alega que ha llegado a un acuerdo con la mayoría de los bonistas, pero la realidad es que ese acuerdo ha sido aceptado solamente por los bonistas que poseen $8,000 millones en deudas, que dista muchísimo del total de $35 billones adeudados”, detalló Acevedo Vilá.
Con relación a este tipo de documentos, ya las cortes federales han determinado que los mismos son de plena divulgación pública, con contadas excepciones “y bajo esa realidad, le solicito a Carrión III, como presidente de la JSF, que haga pública toda la documentación relacionada a dicho acuerdo”, añade el exgobernador.
En su carta Acevedo Vilá le señala a Carrión III que la secretividad que mantiene la junta “no cumple con los criterios constitucionales, y, más aún, no cumple con las normas más básicas de transparencia y divulgación pública. Lo que ha hecho la junta es equivalente a que la legislatura de Puerto Rico o el Congreso legislen a puertas cerradas y bajo estrictas reglas de secretividad.
En la carta se cita además al ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos, quien en una columna publicada en la prensa, expone que “la Junta no ha dado detalles suficientes sobre el acuerdo al que supuestamente ha llegado con un grupo de bonistas para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico. Según la información que ha trascendido a cuentagotas, la transacción ataría al pueblo puertorriqueño durante muchos años a compromisos financieros insostenibles, afectando aun más los servicios debidos a la población y, encima, con la perspectiva de que volveremos a caer en los tentáculos de la bancarrota. Mientras tanto, un grupo privilegiado de acreedores disfrutaría de ingresos y garantías injustificadas. ¿Cómo es posible que no se informen esos particulares a quienes sufrirán sus efectos cotidianamente?”.
Rivera Ramos añade que en la columna publicada el pasado 18 de febrero que “tenemos derecho a saber cómo se llegó a esa decisión, qué factores se tomaron en cuenta, qué principios y criterios la guiaron, qué información le sirvió de base, a quienes beneficia más y por qué, qué servicios y operaciones gubernamentales quedarán menoscabados, entre otros aspectos de esta cuestión vital. La Junta, sin embargo, ni siquiera quiere informarnos cómo votaron sus integrantes al aprobarse el acuerdo. Esas son las características definitorias de un gobierno secreto, contra lo cual advertimos desde que se creó el organismo”.
En la carta, Acevedo Vilá enumera a Carrión III de manera específica la información que solicita como ciudadano y como exgobernador:
Primero, cómo fue la votación de los siete miembros de la Junta cuando atendieron dicho acuerdo.
Segundo, las fechas en que los miembros de la Junta se reunieron para atender el caso.
Tercero, se solicita copia de las minutas, transcripciones, audios y videos de reuniones o llamada de conferencia relacionados al tema, así como las comunicaciones escritas, incluyendo correos electrónicos relacionados con la discusión de estos asuntos. De no existir dichas minutas, se solicita una certificación oficial de su inexistencia.
Cuatro, copia de todos los memos y documentos que fueron compartidos con los miembros de la Junta en el proceso de considerar el acuerdo.
Finalmente, Acevedo Vilá le recuerda a Carrión III que bajo las disposiciones de la Ley Promesa, la Junta sustituye al gobierno de Puerto Rico en este tipo de casos y que no se permite actuar a puertas cerradas o en cuartos oscuros. Ante la información que ha trascendido de que el Plan será presentado ante el Tribunal el viernes 28 de febrero, en su carta el exgobernador le solicita que la información se le entregue o se haga pública a más tardar el lunes 24 de febrero.
