Servidores Públicos de diversas agencias de gobierno acudieron esperanzados a una convocatoria que les realizó el senador Carlos Rodríguez Mateo, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, para que se expresaran sobre la Resolución del Senado 1287 de la autoría de los senadores Migdalia Padilla Alvelo, Larry Seilhamer Rodríguez y el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz que ordena a las comisiones de Gobierno y a la de Hacienda realizar una investigación sobre la viabilidad de establecer un programa de retiro incentivado a los empleados de Agencias y/o Corporaciones e Instrumentalidades Públicas cobijados anteriormente bajo las disposiciones de la Ley Núm. 447 de 4 de mayo de 1951 y la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990.
Muchos de estos empleados representando a diferentes agencias expresaron su agradecimiento y esperanza de que, primero se les escuche y aportaron sugerencias para la radicación de un proyecto que definiría un nuevo plan de retiro para los servidores públicos.
“Le reconocemos a este Cuerpo Legislativo el beneficio que nos brinda de comparecer a estas vistas públicas de investigación para contribuir con nuestras experiencias a la Resolución del Senado 1287. Apreciamos su buena voluntad de instituir un mecanismo que atienda el derecho de una viabilidad a un retiro digno y justo para los servidores públicos”, indicó Alba Rivera, empleada del Departamento de Educación.
“En esto no nos podemos dar por vencido”, dijo por su parte la presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla Alvelo, quien aprovechó para exhortarlos a que inviten a sus compañeros a unirse a esta lucha.
Los empleados del Departamento de Educación expresaron preocupación por las leyes ya aprobadas y alegan hay muchos de ellos que han visto su salud emocional y física deteriorarse. Entre las situaciones que enfrentarían según expresó, Rivera, sería el alto costo para obtener un plan médico que satisfaga sus necesidades de acuerdo a sus condiciones de salud y más aún si las mismas están deterioradas.
“Un programa a esta fecha con empleados que empezaron antes del 1990 debe contemplar la edad promedio de empleados interesados en retirarse. Muchos con condiciones físicas y/ o con salud deterioradas. El gasto mayor que tendrán que asumir los retirados es el plan médico individual, si tienen menos de 64 años no cuentan con el Programa de Medicaid. Como ejemplo: un plan médico para una persona de 58 años cuesta entre $258 y $393 con algunos altos costos en deducibles médico-hospitalarios,” señaló Rivera.
Rivera explicó, que el empleado en este caso del Departamento de Educación, “esperamos se gane como promedio mínimo lo mismo que un maestro, unos $1,517 dólares mensuales mínimo promedio. En la situación actual con un aproximado de un 38% de sueldo equivalen a $576.46, menos un promedio de $325 de plan médico pasaría una situación precaria al quedarse con $251 mensuales al final de cada mes”.
A tales efectos la deponente recomendó dejar la aportación y costos actual de plan médico hasta la edad de acogerse a Medicaid para el programa a legislar. “Por otro lado, la legislación que se apruebe no debe tener limitaciones en cuanto a contrataciones con agencias gubernamentales o privadas que tengan algún contrato con el gobierno. Aun mejorando el porciento actual de pensión por retiro, muchos empleados no podríamos cumplir con compromisos y gastos, por lo que necesitamos continuar trabajando”.
Según Rivera, el personal que aún queda trabajando en el Departamento de Educación de Ley 447 son aproximadamente 748 empleados no docentes de oficina central, regiones educativas y escuelas. También trajo a colación, que, según datos del propio Departamento de Educación, hay una reducción de 145,458 estudiantes matriculados, ya que, para el año escolar 2011-2012 habían matriculado 452,740 mientras que para el año escolar 2018-2019 había unos 307,282 estudiantes. “Con esta reducción de estudiantes y escuelas cerradas sería recomendable un programa que incentive a empleados a retirarse”.
Los empleados de Educación solicitan que el porciento solicitado para el retiro incentivado sea de un 75% a un 65% vitalicio para empleados de la Ley 447, una aportación de $150 vitalicia para el Plan Médico, liquidación al pago de licencias acumuladas de enfermedad y vacaciones como derechos adquiridos, pago de bono de navidad, se derogue cualquier norma o artículo de Ley que haya establecido del que se descuente el 20% de los ahorros acumulados bajo el “Pay as You Go”, entre otras solicitudes.
“Esta Asamblea Legislativa tiene un compromiso con los servidores públicos puertorriqueños de no seguir empobreciéndolos con el sistema de retiro. Debemos hacer un justo balance reconociendo la situación fiscal que vive el País, pero por el otro lado, en medida en que seguimos empobreciendo al retirado, al jubilado, las necesidades de ese retirado continua. Llevaremos un mensaje claro de que el dinero que le reducimos a los retirados o a los pensionados no es una economía para el gobierno, porque esa necesidad que no puede satisfacer el retirado la va a tener que suplir el gobierno por el otro lado”, dijo Rodríguez Mateo.
En cuanto a los empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) solicitaron que la nueva ley tenga una cláusula de obligatoriedad cuando los empleados públicos cualificados soliciten y se acojan al proyecto de ley, para que los diferentes jefes de agencias de y/o Corporaciones e Instrumentalidades Públicas permitan su implementación, no se aplique ningún tipo de reducción a la pensión por jubilación de los empleados que se acojan al proyecto de ley, porque a partir del 1 de julio de 2013, ya se les redujo a los empleados de la Ley 447 entre 39-40% mínimo y a los empleados de la Ley 1 entre 8-23% mínimo. También solicitan una pensión vitalicia al salario devengado al presente, de acuerdo a principios de mérito de la ley de Retiro, entre otras cláusulas, detallaron Maribel Miranda Acevedo y Elizabeth Santiago Nevarez, ambas en representación a los empleados del CFSE bajo la Ley 447.
Por su parte, Juan Osorio Flores, presidente de la Federación de Empleados Gerenciales de la CFSE, ofreció datos que certifican que el 22.46% (598) de los empleados activos pertenecen a la Ley 447 y el 41.08% (1,094) a la Ley Núm. 1 de los Sistemas de Retiro. En general podría cualificar 1,692 o el 63.54% de empleados, este número variará de acuerdo a los parámetros establecidos de edad y años cotizados. El número de empleados de la Ley Núm. 447 del grupo de la Ley Núm. 262 que cualificarían para el nuevo retiro anticipado serian 504.
“La legislación a proponer debería ofrecerle incentivos para el empleado que haya comenzado a cotizar para el Sistema de Retiro bajo la estructura de beneficios de la Ley Núm. 447, y tengan un mínimo de veinte (20) años de servicio. Estos incentivos incluyen una compensación equivalente al sesenta porciento (60%) de su retribución promedio al 31 de diciembre de 2015”, insistió Osorio Flores, entre otras solicitudes para ser incluidas en el proyecto a considerarse. En la vista también acudieron empleados de los Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Departamento de Recursos naturales y Ambientales y del Departamento de Salud.