Líderes ambientales del área sur afirmaron que el plan de remediación presentado por la empresa carbonera AES, el cual propone alternativas para limpiar el acuífero contaminado por cenizas tóxicas de carbón en el área de la planta en Guayama, es deficiente, ineficaz y carece de medidas para proteger la salud pública.
Obligados por la reglamentación de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en ingles), la AES presentó el Informe de Evaluación de Medidas Correctivas, AES Puerto Rico – Área de Escenario Agremax™ Guayama, Puerto Rico. En este documento la empresa ofreció 5 alternativas que deberían remediar la contaminación del agua subterránea.
Para Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, el plan propuesto no evita ni remedia la contaminación, y no restaura el área afectada a las condiciones originales.
“Las alternativas para limpiar la contaminación del acuífero, provocada por las cenizas tóxicas de AES, son: colocar un plástico debajo de la inmensa montaña de cenizas, bombear el agua contaminada para tratarla o recircularla sobre la montaña de cenizas, y crear un muro. Ninguna de estas alternativas remueve la inmensa montaña de cenizas, por lo que la contaminación del agua y aire, y el efecto en la salud de los vecinos, continuará o incluso podría empeorar. Sus propuestas son ineficaces porque no resuelven el problema grave de contaminación. Por eso fueron rechazadas por las comunidades”, aseveró Alvarado.
Según el portavoz ambiental, el plan de AES podría tener problemas con la recién aprobada Ley 5-2020, que prohíbe depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico.
“AES no discute el conflicto que podrían tener sus propuestas con la Ley 5-2020, conocida como la “Ley para Prohibir el Depósito y la Disposición de Cenizas de Carbón o Residuos de Combustión de Carbón en Puerto Rico”. Esta Ley, además de prohibir la disposición de cenizas en la isla, obliga a la empresa a remover estos residuos de sus instalaciones en un término de 180 días, sin embargo, su propuesta es dejar la montaña de esos desperdicios tóxicos en el área. Eso es inaceptable e ilegal”, añadió Alvarado.
Por su parte, Mabette Colón Pérez, joven líder de la comunidad de Miramar, insistió en que AES no consultó debidamente a las comunidades sobre sus deficientes propuestas.
“En diciembre pasado AES convocó deficientemente a una reunión en el barrio Olimpo, que está a más de 10 km de las comunidades de Puente de Jobos y Miramar, que son las más afectadas por el funcionamiento de su planta. Allí había decenas de agentes de la policía, vallas en las calles, guardias privados, detectores de metales y te cateaban cada vez que se entraba. Eso no cumplió con el fin de promover la participación de las comunidades”, dijo Colón.
“Mientras AES invierte fuertes sumas de dinero en campañas publicitarias engañosas y en influencias indebidas a las iglesias, grupos deportivos y sociales, y otros grupos, no incluye referencia en su propaganda al proceso de limpieza del agua contaminada y obstaculiza la participación pública en dicho proceso”, añadió.
Ambos líderes dijeron no confiar en que la EPA tome en consideración las objeciones de las comunidades al plan de AES, por lo que tendrán que seguir exigiendo al gobierno, desde la calle, protección para la salud de sus comunidades.