Luego de años de luchas, persecución y represión por parte del gobierno, violación de derechos civiles por parte de la policía y casi 100 arrestos, activistas comunitarios y ambientales lograron que el actual gobierno convirtiera en ley el proyecto que finalmente prohíbe en Puerto Rico el depósito de cenizas tóxicas de carbón, incluyendo su mezcla hidratada.
El Proyecto del Senado 1221, ahora convertido en ley, enmendó la controversial Ley 40 aprobada en el 2017 por Ricardo Rosselló Nevares, la cual causó las mayores confrontaciones en Peñuelas y Guayama, entre activistas y la policía de Puerto Rico quien fungió como protectora y escolta de los camiones repletos de cenizas tóxicas provenientes de la carbonera AES.
Yanina Moreno Febre, portavoz del Campamento contra Cenizas en Peñuelas, catalogó como un gran logro para el pueblo la aprobación de esta ley.
“Con muchos sacrificios, de tantas personas que se unieron a esta lucha, hemos logrado cambiar la posición del gobierno sobre el depósito de cenizas tóxicas en Puerto Rico. Esta ley es un logro de todos y todas. Ahora hay que presionar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para que en tres meses apruebe el reglamento mandato por la ley. Esa agencia, que en este momento no tiene a nadie dirigiéndola, en el pasado no ha cumplido con los parámetros de tiempo que se le han dado. Nosotros la haremos cumplir en esta ocasión”, aseguró Moreno.
Por su parte, José Manolo Díaz Pérez, líder ambiental de Peñuelas, reseñó la participación nefasta que tuvieron los gobernantes en la contaminación causada por las cenizas en la isla.
“Gobernadores del PPD y del PNP permitieron el depósito de millones de toneladas de cenizas de carbón cercano a residencias, sobre acuíferos y cercanos a cuerpos de agua,ocasionando un daño terrible a la salud de las personas y residentes cercano a estos lugares. Las administraciones de Alejandro García Padilla y de Ricardo Rosselló Nevares permitieron llevar esa basura tóxica a los vertederos Humacao y Peñuelas, que no están capacitados para manejar esos desperdicios”, expresó.
“Otros personajes que no podemos olvidar son: Eduardo Bhatia y el actual presidente del PPD, Anibal José Torres, quienes, mientras fueron presidente del Senado y presidente de la Comisión de Reglas y Calendarios del Senado, respectivamente, engavetaron el PS 340 para prohibir las cenizas; Pedro Pierlusi, que fue cabildero de AES; Ramón Rosario y Alfonso Orona, quienes usaron su poder en Fortaleza para favorecer a AES. Todos ellos le hicieron mucho daño a nuestra gente, mientras protegían los intereses de la carbonera. A pesar de ellos, logramos dar un giro hacia la dirección correcta con el nuevo proyecto”, añadió Díaz.
Por último, Víctor Alvarado Guzmán, del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, dijo que la lucha contra la quema de carbón aun no finaliza.
“La lucha no termina aquí, la lucha comienza aquí porque la finalidad es que la planta de carbón cierre. Además, hay que monitorear y remediar las áreas en 14 pueblos donde AES desparramó 2 millones de toneladas de cenizas tóxicas; obligar a AES asumir su responsabilidad en el desastre humanitario causado en nuestras comunidades y medio ambiente; luchar para que el gobierno no otorgue ni un contrato más a esta empresa delincuente y sacarlos del país”, enfatizó Alvarado.